Tras varios días de conflictos y resoluciones confusas, todo parece indicar que Catamarca es tierra de inoperatividad legal. A pesar del marco normativo que ampara a empleados públicos desde enero del 2012, las financieras han actuado con total libertad sin que ningún organismo de contralor estatal intervenga en su defensa.

Por su parte el Banco Nación –quien en este conflicto es quizás el menos responsable, pero el primero que puso la cara- salió a otorgar créditos a los empleados públicos que se vieron afectados, en lo que aparenta ser un claro oportunismo para sumar clientela. Más de 1200 empleados públicos pasarán a ser los nuevos “clientes”, quienes accederán a estos créditos otorgados por la entidad a una tasa mensual del 2%, y 24% anual. Todo esto, en medio de rumores que vinculan a un funcionario del Banco Nación con participación en una de las financieras prestamistas, según acusan los mismos afectados.

El Decreto Reglamentario N° 14/2012 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, derogó a su antecesor N°691/00, estableciendo en su art. 3 que “la deducción por el pago de obligaciones dinerarias no podrá exceder el 30% del monto de la retribución resultante, previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes”. A su vez, el mencionado artículo establece que “en ningún caso se podrá afectar un porcentaje superior al establecido en el presente artículo, y los haberes resultantes de la deducción no podrán ser inferiores al monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil”.

Dicha ley, abarca a las entidades bancarias y financieras prestamistas, mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades oficiales, y asociaciones gremiales con personería gremial.

A esta normativa nacional, se suma lo decretado a mediados del año pasado por Lucia Corpacci. Se trata del decreto 636/2012 que establece que será considerada excesiva, abusiva y desproporcionada cualquier tasa que exceda la que mensualmente informa el Banco de la Nación Argentina para operaciones de préstamos personales, con más el 7%.

Dicho 7% se agrega al CFT (Costo Financiero Total) o tasa efectiva anual incluyendo el interés (compensatorios, resarcitorios o punitorios), gastos administrativos, cargos impuestos y otras erogaciones por cualquier otro concepto, que de ningún modo podrán exceder las financieras en sus cobros.

Para tal efecto, el mismo decreto ordena se instituya un “Comité Ejecutivo para la Erradicación de la Usura”, integrado por funcionarios y profesionales del Ministerio de Gobierno y Justicia Producción y Desarrollo, hacienda, Fiscalía de Estado y Asesoría General del Gobierno. Pero en conversación directa con El Diario de Catamarca.com y La Isla FM, los damnificados aseguraron no tener ninguna contención ni asesoría legal de ningún tipo, y desde ningún sector ni organismo del Estado les han dado respuesta frente al actuar de las financieras.

Organismos que amparan a los ciudadanos en casos como éste parecen brillar por su ausencia. ¿Qué se ha hecho desde Defensa al Consumidor y la Dirección de Comercio, mientras las financieras abusan a mansalva de los descuentos, llegando a descontar más de 12 cuotas por día, dejando saldos de $25 pesos en las cuentas de débito? ¿La mejor solución es volver a endeudarse para hacer frente a la subsistencia, como ofrece el Banco Nación?