El legislador del Frente Para la Victoria manifestó que no piensa guardar silencio “frente a una injerencia que pretende subordinar inaceptablemente el gobierno de la Provincia a los dictados de una resolución que dinamita no sólo el principio de división de poderes, sino lo que es peor, el principio federalista y de autonomías provinciales del cual debieran ser celosos custodios”.

Recordó que Eduardo Sosa “pretende que se le conserve un cargo (Procurador General) en el que había revistado antes de la reforma constitucional y de la sanción de la Ley 2.404, pero lo cierto es que este cargo no existe más en la Provincia, con lo cual su petición deviene absurda”.

Asimismo, consideró que “la Corte, en franca violación con los principios federales consagrados en la Constitución Nacional, interfiere en una cuestión que debió haber fenecido dentro del ámbito de la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, por cuanto pretende imponer al gobernador Daniel Peralta, de manera arbitraria e inconstitucional, la restitución de un funcionario en un cargo que no existe más en el ámbito de la Administración Pública Provincial”.

Explicó que frente a esta circunstancia, “el gobernador, incomodado por esta injerencia absurda, tenía dos caminos: violentar la Constitución Provincial y la manda de la Ley 2.404, o remitir los antecedentes al Parlamento Provincial para que actuara en consecuencia. Y como este es el camino que recorrió, por ello no hay reproche alguno a su conducta”.

RETROSPECTIVO

En otro orden, trajo a colación que “fue la reforma constitucional de 1860 la que le quitó a la Corte este tipo de competencias que hoy se pretenden atribuir, pues esa reforma y a propuesta de la Provincia de Buenos Aires, hizo desaparecer las atribuciones de los poderes federales sobre los poderes provinciales, pues estos implicaban un control político y jurídico insoportable”.

“También hay que recordar que esta prerrogativa vigente desde antes de 1860 había sido duramente criticada por (Dalmacio) Vélez Sarsfield, quien afirmaba que destruía el sistema federal, pues permitía que un poder extraño se entrometiera en cuestiones interiores de los poderes públicos de las provincias”.

“Por todo ello -aseveró Fernández-, la resolución que se impone a mi provincia, es decir ordenar la restitución en el cargo de un funcionario lego, pudo haber tenido lugar hace 150 años, pero hoy no”.

Finalmente, al hacer una lectura política de los acontecimientos, dijo que quería recordar “a la gente de la Unión Cívica Radical que el único precedente que recuerda la historia nacional en la que se pidiera la intervención de lo que hoy es la provincia de Santa Cruz, fue justamente cuando esta fuerza política, en 1921, solicitó la intervención que luego dio lugar a lo que se conoce como ‘Patagonia Trágica’, y que no es otra cosa que el título con el que se llenó de luto y de sangre a toda esta vasta región territorial. Por lo cual pido memoria, pero además prudencia”.