En las imputaciones contra los camaristas federales Otilio Romano y Luis Miret, el Gobierno provincial no ha sido protagonista principal, sino que su rol ha sido más bien secundario. Distinta es la situación en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en donde, a la par de lo hecho por los organismos de derechos humanos, el Ejecutivo mendocino presentó también denuncias en contra de los dos camaristas por haber omitido investigar hechos durante la dictadura y en contra de todo un tribunal, luego de que este dejara libres a todos los detenidos por delitos de lesa humanidad. Atrás ya quedó ese momento en que los organismos se enfrentaron al Gobierno provincial por la permanencia del sospechado Carlos Rico como subsecretario de Seguridad.

Tras la renuncia del Partido Demócrata a conducir el Ministerio de Seguridad y la asunción de Mario Adaro al frente del Ministerio de Gobierno, todo dio un vuelco. Hoy, el Gobierno, de la mano de Adaro y la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, se paró en la vereda de enfrente de los camaristas federales cuestionados y espera ansioso el comienzo de lo que será el segundo juicio en Mendoza por delitos de lesa humanidad, en donde por primera vez el Estado local será querellante. Mientras tanto, Ubaldini y Adaro esperan la conclusión del debate que se lleva adelante en San Rafael, donde ellos mismos han estado como asistentes en algunas jornadas del juicio, y si el Consejo de la Magistratura define finalmente llevar a Miret a juicio político.

No han sido muchos los gobiernos provinciales que se han metido con el tema de los delitos de lesa humanidad, sin embargo, este sí. ¿Por qué se tomó esa posición?

Desde el primer momento, este Gobierno marcó un camino en cuanto al tema de los derechos humanos y elevó el rango de la coordinación al de dirección, y eso fue una apuesta importante en relación al lugar o entidad del área en el marco de un gobierno. Con el tema de mantener la memoria ha sido una jugada importante, nos hemos constituido como querellantes en algunas causas, también hemos hecho un convenio con el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), que es el mayor querellante, con 40 causas aproximadamente, para darle un subsidio, porque tiene una responsabilidad muy grande y necesita apoyo. También hicimos dos pedidos de Jury, uno contra la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (Carlos Pereyra González, Julio Demetrio Petra y Alfredo López Cuitiño), cuando dio las excarcelaciones a todos los imputados por delitos de lesa humanidad e, incluso, les dieron hasta permisos excepcionales, como poder irse de vacaciones (es el caso del acusado Eduardo Smaha), y junto con otras actitudes merituaron el pedido de Jury, que también acompañaron los organismos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Hace años que Mendoza es mencionada como el “paraíso de los represores”, pero en pocas semanas ocurrieron las imputaciones contra los jueces federales Miret y Romano, empezó el juicio en San Rafael y podría comenzar otro en noviembre. ¿Sorprende que después de tantos reclamos de los organismos se den todas estas situaciones en tan pocas semanas?

No sorprende para nada, porque creo que esto se iba a dar así. Creo que tendrá un efecto dominó, porque cuando se comienzan a resquebrajar todos estos entrelazados de poder, cuando se comienzan a debilitar, comienzan a suceder estar cosas. Fue fundamental la designación del fiscal (Omar) Palermo, creo que fue el puntapié básico para las imputaciones. Nosotros tuvimos acceso a sólo cuatro expedientes que fue por los que pedimos el Jury, y los organismos después hicieron la denuncia penal y luego Palermo la amplió a muchísimas otras causas, con eso se puede mostrar que no fueron cuatro o cinco causas, sino que era algo sistemático. Ha sido fundamental la actitud del juez federal (Walter) Bento, quien tuvo la valentía, porque estoy segura de que esto tendrá sus consecuencias, de imputar a los camaristas Miret y Romano. Pensemos que se está imputado a dos camaristas federales, y el que los está imputando está por debajo de ellos, está imputando a sus jefes, no debe ser fácil la posición de Bento, para nada, se lo deben haber hecho notar. Sin embargo, está cumpliendo con su deber. No le estamos dando las gracias, pero creo que se merece resaltarlo. Todo este tipo de acciones, la Universidad Nacional de Cuyo al decidir por mérito de oportunidad y conveniencia rescindir el contrato de Miret también es otro flanco más por el cual se está haciendo ver que hay una sociedad que quiere un cambio, que no sólo somos unos pocos, no son sólo los organismos y las Madres de Plaza de Mayo, sino que es la sociedad, es gente que no tuvo esa historia, que no tuvo familiares desaparecidos ni ha militado, es gente de la vida cotidiana que se da cuenta de la necesidad de un cambio, de una Justicia transparente, jugada, que no responda a un sector de poder, por eso creo que esto va a seguir.

Recién habló de las imputaciones a los camaristas. ¿Cómo tomó el Gobierno esa noticia?

Nosotros estábamos acompañando ese pedido, estábamos respaldando a esos sectores, y la noticia se tomó con mucha alegría. Es una señal de que vamos por una Justicia verdadera, por eso estamos contentos de que se tuviera la oportunidad de investigar, de que haya un debido proceso y de que estos hechos se investiguen, porque han sido años de oscurantismo en Mendoza.

¿Espera que el juez Bento ordene su procesamiento?

A título personal, yo vi los expediente cuando hicimos el pedido de Jury, y fue a conciencia y por convencimiento. Creo que hay pruebas suficientes para procesarlos. Ellos tienen su defensa y el juez deberá evaluar, pero yo creo que sí.

¿Está de acuerdo con que Miret siga dando clases? Usted, además de ser funcionaria, es egresada de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.

No estoy de acuerdo, si no, no hubiera ido el lunes al acto. No fui a un acto contra Miret, los estudiantes pedían conocer la situación, y fui para que ellos supieran la verdad. Algunos chicos no leen los diarios, y es un derecho de los estudiantes saber qué calidad ética y moral tiene la persona que tienen enfrente, y esa fue la idea de ir, para que conocieran los hechos y la situación que hoy tiene Miret, que es titular de cátedra. En ese sentido, él hoy tiene el derecho de enseñar, amparado en la cautelar, pero si yo fuera él, no iría a dar clases.

En las próximas semanas podría comenzar un nuevo juicio oral, esta vez en la Ciudad de Mendoza. ¿El Gobierno se prepara de alguna manera especial para esto?

En varias de las causas que se van a elevar a juicio somos querellantes. Yo estoy como querellante, por lo que deberé estar ahí, felizmente, porque es una experiencia y un aporte importante, es la primera vez que el Estado provincial va a representar a las víctimas, es todo un mensaje, y para mí es un orgullo estar ahí representando al Estado. Ojalá que con la revocatoria de la recusación (la Corte Suprema ordenó a la Cámara de Casación que reponga al juez Juan Antonio González Macías) ya se fije fecha. Se espera que sea para noviembre y que sea corrido, que no se tome feria, por lo que he escuchado.

¿Por qué cree que ha existido tanta diferencia entre un gobierno y los otros? Porque si bien el de Julio Cobos creó la Coordinación de DDHH, nunca se involucró de lleno en el tema de los delitos de lesa humanidad.

No sé por qué no lo hicieron los gobiernos anteriores. Sé que este lo hace porque es política de este gobierno y la línea de la idea del ministro (de Gobierno, Mario Adaro). Me parece una línea en consonancia con la de la Nación, que es fundamental, ya que si se bajara otra línea, las provincias podrían tener menos predisposición.

Podría decirse que esta es una ocasión única.

Sin duda que es una oportunidad histórica que hay que aprovechar, debemos ser conscientes de esto. El desafío es que prenda en la sociedad y que no sea la oportunidad de unos pocos, sino que nos demos cuenta del valor intrínseco que tiene la democracia, que tienen la Justicia y todos los valores relacionados con los derechos humanos y que no respondan a la ideología de un gobernante, debe ser la sociedad la que reclame estos valores y que se lo imponga a quien está gobernando, ese es un proceso que se va a dar cuando se avance en educación y cultura, pero esto ha sido relegado por años.

Acto en la Facultad de Derecho

Igual que los últimos tres lunes, la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNCuyo realizará una actividad en el mismo horario en que el camarista Luis Miret debería dar su clase de Filosofía. La primera vez fue un acto en el que se dieron a conocer las imputaciones al juez, y el lunes pasado, una clase pública donde estuvo María José Ubaldini, directora de DDHH del Gobierno provincial, y en la que se explicó la situación de los juicios y, principalmente, la de Miret. En esta oportunidad se eligió proyectar un documental sobre el centro clandestino de detención D2, del periodista Rodrigo Sepúlveda. Está previsto que a la proyección asistan, nuevamente, Ubaldini y el abogado del MEDH, Pablo Salinas, además de integrantes de los organismos de derechos humanos de la provincia.