Un empleado que denunció las malas condiciones de seguridad del edificio, fue sometido a seguimiento por un agente de inteligencia de la Policía de la Provincia, quien grabó conversaciones y usó una falsa identidad para obtener declaraciones a través de Facebook. El informe del policía “de identidad reservada” fue agregado como prueba para realizar un sumario con el objeto de despedir al trabajador al que se le atribuye haber dicho que a Pedro Segura “le importa un carajo la vida de los empleados”.
Luis Tomás Wayar.
Luis Tomás Wayar.
En una entrevista con El Libertario, explicó que el conflicto con las autoridades de la Cámara surgió cuando se resolvió clausurar el acceso por la avenida Martiarena, uno de los tres que tiene la sede parlamentaria. “Pedí una reunión con los secretarios administrativo y parlamentario para plantearles si se había evaluado el riesgo y el peligro de cerrar el acceso con reja y candado por fuera y contestaron que no tenían autoridad para resolver el tema y que se lo expondrían a Segura y a los miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria”, recordó.
“Me contestan que no y realizo la denuncia ante la ART, advirtiendo que esta situación pone en riesgo nuestra vida. Nunca me respondieron pero según algunos trascendidos que estaba todo bien, hice la denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Vinieron dos inspectores acompañados por un delegado de la Dirección de Trabajo de la provincia, inspeccionaron y me dan la razón”, señaló Wayar.
“El relevamiento –añadió- también permitió establecer que el edificio no tenía matafuegos ni barandas en las escaleras, ni luces de emergencia y dos archivos con riesgo de incendio; uno de los dictámenes de los inspectores decía que en un plazo de seis días la Legislatura debía hacer las reformas necesarias y presentar un plan para otras obras”.
Con el fin de recaudar dinero para pagar los servicios de un ingeniero en Seguridad Industrial que recomiende las acciones a seguir, Wayar mantuvo reuniones privadas con otros empleados de la Legislatura, en las que también se informaba del resultado de las gestiones. En esa instancia, fue notificado del sumario ordenado por los secretarios parlamentario Aprile y administrativo Rosemblut que se le iniciaba sin hacérsele conocer causa o denuncia.
Wayar buscó un abogado que exigió a las autoridades se le informe la causa del sumario y la respuesta fue que el proceso se tramitaba por “amenazas e insultos a Pedro Segura y que tenían un testigo de ‘identidad reservada’, figura que la ley solo contempla para las causas penales y no en materia administrativa, explicó.
A pesar de las objeciones formuladas por el abogado, se siguió adelante con el sumario y se agregó como prueba el informe del “testigo de identidad reservada”, quien resultó ser un policía de Inteligencia que según sus propias palabras trabaja en la Legislatura al servicio de la Presidencia con la función de “mantener la seguridad e informado de todo tipo de sucesos y acontecimientos que se desarrollen en la misma, que afecten de alguna manera el normal funcionamiento de las tareas habituales” (ver facsímil).
De acuerdo a la “prueba” que aporta el agente de inteligencia, Wayar manifestó que a Segura “le importa un carajo la vida de los empleados” y que “es un pelotudo” y adjunta una grabación en CD “con lo que hablé en reuniones con los empleados pero en ningún lado digo lo que ellos me atribuyen”, precisó.
Otro dato no menos grave es que el policía no estaba presente en esas conversaciones, “lo que me hace sospechar que tienen grabadores en las oficinas”, reveló.
Tras estos hechos, se detectó que en la Cámara de Diputados hay al menos cinco policías de civil que se hacen pasar por empleados, agregó.
Existe un hecho más que da cuenta del acoso: haciéndose pasar por una empleada legislativa, el agente entró en contacto con Wayar por Facebook para obtener sus opiniones sobre el conflicto. En esas conversaciones, el sumariado “se dirige al presidente de la Cámara en forma agraviante”, dice el informe del policía que se agregó como prueba.
El “testigo de identidad reservada” está ahora desaparecido. Ya lo citaron en tres oportunidades para ratificar su informe, pero nadie sabe el paradero. Ayer se decía en la Legislatura que le firmaron el traslado a un recóndito paraje de la provincia.
Wayar sostuvo que quiso informar sobre el caso de espionaje a la Comisión de Labor Parlamentaria, pero la nota que mandó nunca le fue contestada. Tampoco tuvo novedades de un pedido al presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Guillermo Snopek, para que lo reciban. Le envió también una nota al ministro de Trabajo de la Nación informándole de la persecución laboral.
Consultado sobre la actitud adoptada por el gremio APEL, señaló que algunos miembros de la comisión directiva se solidarizaron y apoyarlo o no fue un tema de debate en reunión de la comisión directiva. Sin embargo, la secretaria general Clelia Raquel López expresó que estaba de acuerdo con la clausura del acceso por la avenida Martiarena “para que no se metan mujeres en el baño”.
Mientras tanto, Wayar explicó con dolor que tiene resuelto irse de la Legislatura y de la provincia, preocupado más que nada por la seguridad de sus hijos.
Tiene visto un trabajo en el sur del país, donde sus conocimientos sobre sistemas le abren muchas puertas. Su libro “Linux, manual de referencia” fue el más vendido en 1997 según una medición del diario Clarín: 17.500 ejemplares en todo el mundo. Aunque no tiene título universitario, es consultor de Unix, da cursos en universidades y lo convocan para que brinde conferencias en la UBA, en la UADE, en la Universidad de Belgrano y en la Universidad Tecnológica de Tucumán, entre otras. Es profesor de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quizás en la Legislatura, donde su lugar de trabajo es un sucucho oscuro y lúgubre, repleto de computadoras destartaladas, algunos no lo extrañen.
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