El asentamiento La Esperanza comenzó con la sospecha de un delito. Un vecino que actualmente vive dentro del predio, fue denunciado en reiteradas oportunidades por presuntos hechos de estafa en la venta de las parcelas dentro del asentamiento. Cada lote, dicen las denuncias que se tramitan en la Justicia provincial, fue entregado tras la firma de un sencillo comprobante. Así se asentaron en La Esperanza más de dos centenares de familias, muchas de las cuales construyeron durante alrededor de 5 años sus viviendas, en algunos casos, en forma muy precaria y en otros casos, contando con paredes de ladrillo y techos de hormigón.

Cuando surgió, el asentamiento La Esperanza estaba lejos de los barrios. Era puro monte, descampado. Pero la ciudad creció y lentamente, las 38 hectáreas quedaron cerca de los barrios que fue construyendo el Gobierno por intermedio del Instituto Provincial de la Vivienda. Incluso, el flamante Polimodal Nº 7, construido en la esquina de la avenida Los Terebintos y calle La Aguada, quedó frente al asentamiento.

La cantidad de personas viviendo en los lotes de La Esperanza se multiplicó, y se multiplicaron sus demandas para vivir mejor: se reiteraron los cortes y las protestas para conseguir agua potable, energía eléctrica, recorridos de los camiones de basura. Las gestiones para mejorar el conglomerado se canalizaron a través del IPV, y fue desde allí que se presentó el proyecto para "urbanizar" La Esperanza. En 2009, se contuvo las protestas y se prometió hacer calles (los lotes fueron vendidos sin tener en cuenta calles internas) y plazas, con lo cual se tendrían que derribar algunas viviendas precarias.

Tras el anuncio de las obras, espantados, los vecinos salieron a quejarse por el destino de sus construcciones, aunque muchos no vivían en el asentamiento y apenas habían llevado algunos ladrillos, áridos y colocado alambres como cerco. Fue así que se decidió realizar las obras en dos etapas: la primera para realizar las obras de infraestructura, como red de agua y cloacas, además de abrir las calles, y la segunda, con la construcción de viviendas para los dueños de casas que tendrían que irse por la apertura de las calles.

En esta etapa está ahora el IPV, culminando la construcción de un grupo de alrededor de 50 viviendas sociales en el terreno de La Esperanza. El terreno fue expropiado tras una ordenanza que se sancionó en el Concejo Deliberante de la Capital en 2009, y fue el IPV el que hizo del desembolso para abonar el valor (la cifra no trascendió) del predio al dueño legal.