Fue el presidente del bloque del FPV, (Hernán) Martel, el que detuvo el tratamiento por pedido de los miembros de su comisión, para tratar sobre algunos cambios”.

Asimismo, sostuvo que “no se puede hablar sin saber sobre las cuestiones legislativas y administrativas que se necesitan para que un tema tome estado parlamentario. En este caso, primero debe ser aprobado por la comisión de Gobierno para luego ser tratado en el recinto” señaló.

También destacó que la oposición ve en el call center una forma “de precarización laboral donde los empleados están sujetos a un riguroso reajuste de horarios, en lo que se puede apreciar una explotación encubierta de chicos que en su mayoría son estudiantes y que pasados unos cuatro años pueden quedarse sin trabajo y sin haber concluido sus estudios. Por lo cual, no vemos que en un futuro estos jóvenes tengan una carrera laboral”.

Por último, señaló que “este convenio deja entrever otras aristas relacionadas con el costo muy alto que tiene que asumir la provincia para mantener este call center. Nuestra postura por el momento es esperar que sea aprobado por la comisión para luego ser debatido en el recinto, en donde expondremos nuestras observaciones”.

Por su parte, Martel ratificó lo expuesto por su par de la oposición en cuanto a que “si bien no está siendo tratado, sí se encuentra en estudio. Estamos a la espera de avances en algunas modificaciones que hemos propuesto en materia impositiva”, en relación a la exención de impuestos que preveía el acuerdo.

En alusión al tema laboral, aseveró que “si bien no obtienen un oficio como lo sostiene la oposición”, la inversión y el respaldo del gobierno a la misma apunta a “reducir el índice de desempleo, que es muy alto, y a inyectar dinero en la economía. Se pretende generar trabajo por otra vía que no sea la del sector público, que se encuentra saturado, sobre todo si tomamos en cuenta que el FCyS tomó a seis mil personas antes de concluir con su mandato”.