La innegable problemática de la falta de terrenos accesibles se instaló definitivamente en la agenda pública durante la semana que se fue, especialmente a partir de que en el cuerpo legislativo de Santa Rosa dos concejalas del oficialismo presentaron sendos proyectos con la idea de que el Estado participe activamente para influir en el mercado inmobiliario y aliviar el peso de las especulaciones.

La demanda de viviendas por parte de la población pampeana es sin dudas una de las prioridades a atender por parte del Estado: esa problemática tiene diferentes aristas y características según la región, ciudad o localidad de la que se trate.

No hay dudas de que el lanzamiento del ProCreAr habilitó para las familias y personas chances de acceder a una casa propia que antes ni siquiera existían en sus planes.

A su vez, el programa desnudó la inequidad en el reparto de la tierra, la imprevisión de algunas autoridades provinciales y municipales (incluso a la hora de determinar la localización de los barrios “federales”) y la ambición de los dedicados a la actividad inmobiliaria tomando en cuenta exclusivamente el costado del negocio sin detenerse a pensar en la cuestión social.

Frente a esa realidad, los Estados provincial y locales deben necesariamente tomar parte en el asunto y obrar en favor de los que menos tienen.

Por algo es que en las últimas semanas aparecieron actores políticos de diversas extracciones para proponer distintas formas de buscar una solución (La Cámpora incluso proyectó legislativamente una expropiación; Espartaco Marín desde la ANSES hizo advertencias; un grupo de empresarios inmobiliarios aprovecharon para insistir en la necesidad de loteos; las concejalas Liliana Robledo y Mariela Cabreros propiciaron sus propias iniciativas complementarias).

Mientras llueven algunos cuestionamientos a la pasividad o lentitud de los jefes comunales de Santa Rosa y Toay -donde están los problemas más importantes, ya que el precio de los terrenos se ha disparado de modo incomprensible- en Intendente Alvear se generó un mecanismo positivo que le permitió a la Intendencia adquirir tierras (4 hectáreas), lotearlas (en 144 partes) y venderlas a precios accesibles y razonables (10.000 pesos).

La especulación inmobiliaria ha llegado a tal punto que algunos beneficiarios del ProCreAr han sido conminados a pagar hasta 40 mil pesos más de lo pactado originalmente, aun cuando ese acuerdo incluso les había demandado la obligación de dejar una “seña”.

Ese fenómeno que infló de modo descomunal los precios de la tierra en nuestra provincia -mucho más en la capital provincial- se incentivó a partir de los créditos estatales, del mismo modo que apareció también en otros puntos del país.

En ese contexto, la semana que pasó el gobierno nacional firmó acuerdos con 7 provincias -por ahora no está incluída La Pampa- con la idea de que la Nación, las provincias y los municipios generen unos 40 mil lotes que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente de quienes obtienen el beneficio del ProCreAr.

Sería oportuno que los que tienen mejores chances de tomar decisiones concretas -es decir, los representantes de los poderes ejecutivos- dejen de mirar para otro lado o de ocuparse de menesteres menos importantes, y aborden esta problemática como lo que es: una prioridad de la población a la que gobiernan.

...y una de arena...

Ni en la peor de las pesadillas, posiblemente, existía la chance de que el estremecedor caso de la violación y asesinato de la pequeña Sofía Viale, en General Pico, se clausurara con una impunidad de semejante potencia como la que representa el salvataje que la corporación judicial le garantizó al fiscal general Carlos Salinas.

El funcionario judicial, que se hizo conocido por ciertas excentricidades personales pero también por sus conductas laborales -no precisamente ejemplares- hasta se dio el gusto de despreciar a las instituciones que funcionaron para juzgarlo: ni apareció en las audiencias en la que los testimonios lo dejaron tan mal parado que nadie imaginaba la posibilidad de que se le permitiera continuar en el ejercicio de esa función.

Las dos abogadas que integraron el jury, Lidia Ullán y Marianela Oriani, se agarraron de uno de los artilugios de la arcaica Ley de Jurado de Enjuiciamiento: el artículo que requiere, para la destitución de un funcionario, que las “negligencias” que se le imputan hayan sido “reiteradas”, independientemente de la gravedad que hayan tenido esas incompetencias, y de los resultados que hayan generado.

Más importante aun resultó el posicionamiento del representante del -nada menos- Superior Tribunal de Justicia, Tomás Mustapich: el magistrado opinó, directamente, que Salinas había cumplido correctamente con su tarea, casi como aconsejando a quienes quieran llegar a ese sitial a que hagan (o dejen de hacer) las mismas cosas que el acusado y salvado hizo no sólo a lo largo de la defectuosa investigación, sino de su carrera en general.

Mustapich, también piquense, compartió con Salinas no sólo buena parte de su trayectoria sino también un modo, un estilo, una forma de ejercer la magistratura, que incluye el contacto casi familiar con dirigentes políticos -especialmente caudillos- y la práctica activa de ese pacto tácito según el cual los bomberos no se pisan la manguera entre sí y una mano lava a la otra.

La semana anterior, la que escandalizó fue otra ministra del STJ, Elena Fresco, con sus declaraciones xenófobas, irresponsables y discriminatorias, en las que -entre otras cosas- le echó la culpa de los delitos violentos a “los que vienen de afuera” y consideró que en el IPESA hay jóvenes irrecuperables, ya que por “drogadictos”, “no tienen solución”.

También esa aparición pública demuestra, por un lado, la impunidad con la que se maneja el funcionariaje judicial: a lo largo de este mismo año otro ministro, Víctor Menéndez, había descartado absolutamente la posibilidad de que los magistrados del privilegio paguen impuesto a las ganancias como el resto de los ciudadanos (“la justicia no es un ámbito de debate popular”, dijo).

Por otro lado, la sucesión de estos lamentables episodios desnuda que no se trata de excepciones a la regla o de hechos extraordinarios, sino de la triste realidad de cada día, en la que la corporación judicial se maneja de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, sintiéndose una casta especial, por encima del resto de los mortales y lejos, lejísimo, de aquella máxima según la cual Justicia es dar a cada quien lo que se merece.

Así las cosas, el Caso Sofía se clausura sin que haya sanciones institucionales para los responsables políticos, policiales y judiciales, pero más que eso instala una inquietante duda con vistas al porvenir de la provincia: si frente a este episodio dramático, y habiéndose demostrado tantas irregularidades y desidias no hubo quien pague, ¿qué puede esperarse para el futuro?