El almirante retirado Jorge Godoy y el vicealmirante Benito Rótolo, su segundo en la jefatura de la Armada Argentina hasta 2006, fueron condenados como máximos responsables del espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew.

Por decisión del juez federal Sebastián Casanello, Godoy recibió una condena a 2 años de prisión en suspenso, mientras que Rótolo una de un año y 8 meses de prisión en suspenso.

Ambos deberán hacer un curso de 50 horas sobre Derechos Humanos y Derecho Constitucional, “dictado por una personalidad o entidad públicamente reconocida”. También fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

Cabe recordar que el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, y la querella que encabeza el Centro de Estudios Legales y Sociales, con el abogado Rodrigo Borda, habían pedido dos años de prisión para ambos, aunque en suspenso para Rótolo y de “cumplimiento efectivo” para Godoy.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán recién el miércoles 25 de marzo, a las 11. Sin embargo, se sabe que el juez Casanello recomendó a los poderes Ejecutivo y Legislativo que evalúen “proponer e incorporar” al Código Penal sanciones para los funcionarios que no eviten tareas de inteligencia prohibidas, cuando puedan hacerlo.

El magistrado también pidió diseñar una legislación que castigue a “los funcionarios a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo en cuyo seno se hubiese producido la inteligencia prohibida”. Esto, cuando “el hecho no se hubiera cometido de haber mediado la debida vigilancia o adoptado los recaudos necesarios”.

Los testimonios del juicio y las actas del debate serán enviados a la presidente Cristina Fernández en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Poder Legislativo de la Nación. El pedido del juez es “que se adopten las medidas correspondientes para evitar, en lo sucesivo, la reiteración de prácticas como las que han sido objeto en este proceso”.

Casanello dispuso también que toda la documentación de la causa se remita a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para que las archive “con el objeto de contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos”.

Cabe recordar que por este caso, el 31 de julio de 2012, seis años después de que el cabo Carlos Alegre acudiera al CELS para denunciar la ilegalidad de las tareas de espionaje que le ordenaban sus superiores en la Base Zar, el juez Jorge Guanziroli condenó al exdirector de Inteligencia Naval, contraalmirante Pablo Rossi; al comandante de Operaciones Navales y tercero en la jerarquía de mando de la Armada, Eduardo Avilés; al jefe de Inteligencia de la Base Naval de Puerto Belgrano, Carlos Vázquez, y a los capitanes de corbeta Eduardo Merlo y Gustavo Monzani, a cargo de la inteligencia en la Base Zar.

También a los suboficiales Alfredo Andrade, Daniel Guantay y Vicente Rossi, que se ocupaban de las tareas de espionaje; al capitán de navío Félix Medici, jefe de la Base Zar, y a los comandantes de la Zona Aeronaval 3, capitanes de navío Jorge Janiot, Carlos Ruda y Gustavo Ottogalli, exsubsecretario de Relaciones Institucionales de la Armada. También condenó a Luis de Vincenti. El único absuelto fue un jefe de Inteligencia de Puerto Belgrano, Cristian Vidal.

El caso tuvo su puntapié en 2006 cuando Alegre escribió un correo electrónico al CELS y contó que estaba siendo presionado para realizar tareas de espionaje explícitamente prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Los trece marinos mencionados fueron condenados por estos hechos, que ahora llegan a su fin con el castigo a Godoy y Rótolo por ordenar estos procedimientos.

Godoy y Rótolo estaban acusados por los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, porque ordenaron tareas ilegales de inteligencia o “bien omitieron intencionalmente hacerlas cesar”.

Según Infojus, en los registros hay seguimientos, entre los `90 y hasta 2006, a las organizaciones que cada 24 de marzo se convocaban para denunciar el golpe, a referentes locales de las comunidades galesas, bolivianas, por ejemplo, y también a funcionarios locales, provinciales y nacionales, como la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, o el fallecido secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde.