México recordó el jueves pasado la histórica matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 enTlatelolco, cuyo estremecedor saldo de víctimas fatales aún se desconoce. Días antes de ese sombrío aniversario, la noche del último viernes, un grupo de estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa (estado de Guerrero), viajaron 123 kilómetros hasta la ciudad de Iguala con la intención de recolectar fondos para asistir a los actos conmemorativos en la capital.

Lo que ni ellos ni nadie podía saber entonces es que ese viaje se transformaría en el punto de partida de uno de los horrores más escalofriantes de la historia reciente del país, un escándalo de violencia e impunidad que a su manera evoca la tragedia de Tlatelolco con un eco renovado de dolor, miseria e injusticia sin fin.

La tarde del viernes pasado, los estudiantes "normalistas" -herederos de una tradición de activismo de la que surgieron los líderes campesinos Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas- llegaron a Iguala y, primero, recolectaron fondos en la calle para su viaje a la Ciudad de México. Luego protagonizaron un incidente en un acto político de María de los Ángeles Pineda de Abarca, esposa del actual alcalde de Iguala.

Tras escapar de la persecución policial posterior al incidente, los "normalistas" se concentraron en la terminal de ómnibus, donde tomaron tres vehículos sin pasajeros para regresar a Ayotzinapa.

En Iguala, la toma de ómnibus por parte de los estudiantes es habitual y los dueños y choferes la consienten para ahorrarse enfrentamientos. Pero esa noche los policías municipales decidieron que los estudiantes no iban a dejar la ciudad sin pagar por sus abusos.

Al salir de la estación, la policía disparó contra los tres ómnibus tomados. Minutos después, cuando los jóvenes abandonaron un ómnibus a escasos metros del Palacio Judicial, los policías tiraron a matar una vez más.

Ya en el cruce de la calle Álvarez con la avenida Periférico Norte, los que se interpusieron en el camino de los ómnibus fueron civiles fuertemente armados, que enfrentaron a los estudiantes con ráfagas de ametralladoras. Hoy se sabe que esos civiles eran narcotraficantes del grupo Guerreros Unidos, que interceptaron a los estudiantes a pedido de la policía. Además, secuestraron a varias decenas de los "normalistas" por orden del jefe policial, Francisco Salgado Valladares, para poco después torturarlos, asesinarlos e incinerar los cuerpos en una fosa clandestina descubierta a menos de una hora del centro de Iguala.

La ronda criminal del viernes terminó con tres estudiantes muertos y 17 heridos, e incluyó el asalto de los narcotraficantes a otro ómnibus, donde viajaba el equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, en el que la banda asesinó al chofer, a un joven de 15 años que formaba parte del equipo y a una mujer que pasaba por la zona a bordo de un taxi.

El espanto comenzó esa noche, pero aún no se sabe cuándo ni cómo terminará: en la fosa de Pueblo Viejo hay 28 cuerpos calcinados, de los cuales 17 corresponderían a los estudiantes reportados como desaparecidos.

Mientras tanto, la sociedad mexicana asiste al horror sin saber qué desastre resulta más pavoroso. ¿La flagrante complicidad entre policías y narcotraficantes, confirmada por el fiscal general del estado, o la impunidad del alcalde José Luis Abarca, que el sábado declaró que durante los hechos no llegó a enterarse de lo que ocurría porque se encontraba en un baile?

¿A quién defiende una fuerza policial que pide apoyo del narco para masacrar estudiantes? ¿Y quién manda en un país donde el gobernador de Guerrero (estado en el que el año pasado hubo 2100 asesinatos) se niega a renunciar y el presidente Enrique Peña Nieto advierte que "el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los gobiernos estatales"?

La respuestas son varias y todas alarmantes: el historiador Adolfo Gilly habla de "crimen de Estado" en el diario La Jornada; la escritora Elena Poniatowska se preguntó "¿cuál es el futuro de un país donde el Estado mata a sus estudiantes?" en un acto en Guerrero, y la sociedad civil se autoconvocó para una gran manifestación popular en Ciudad de México mañana.

Mientras el ex alcalde Abarca Salgado Valladares y el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala Felipe Flores están prófugos, el gobierno federal anunció ayer que asumirá las labores de seguridad pública en el municipio de Iguala.

UNA TRAGEDIA EN TIERRA DE NADIE

Despliegue

El gobierno mexicano desplegó ayer fuerzas policiales y militares para tomar el control de la ciudad de Iguala y esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos hace diez días en ataques conjuntos de policías locales y narcotraficantes.

Investigación

Las autoridades temen que algunos de los estudiantes estén entre los 28 cuerpos calcinados encontrados en fosas clandestinas en Iguala; esperan los resultados de ADN..