MADRID.- El fantasma del salvataje financiero externo y las presiones de los organismos internacionales de crédito empujaron al gobierno español a tomar una nueva y drástica decisión: aumentará la intervención del Estado en las cajas de ahorro privadas para rescatarlas de su fuerte endeudamiento y darles, al mismo tiempo, señales a los mercados de que habrá más reformas en el tambaleante sistema financiero local.

El anuncio, realizado ayer por el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó las versiones que circularon en los últimos días sobre la debilidad de las cajas.

A pesar de haber recibido más de 10.000 millones de euros de préstamos públicas en 2010, esas instituciones financieras no lograron recomponer su situación ni remendar su agujero, que de acuerdo con informes extraoficiales se estiraría hasta los 26.000 millones de esa moneda.

El fracaso de aquella primera intervención que el Estado, planificada hace dos años, a través de la asistencia del entonces flamante Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), obligó a las autoridades nacionales a ingresar en una segunda fase, aún más invasiva, en la que intentará transformar a las cajas en bancos.

Este pasaje implicará que las entidades comiencen a cotizar en Bolsa y no tengan más, como hoy sucede, administradores con carreras laborales más vinculados con la política y la función pública que con el sector financiero.

Así, el gobierno procura volver a las actuales cajas mucho más atractivas a los inversores externos, cuya participación, en la actualidad, ya es vista por los analistas locales como un factor imprescindible detener su preocupante caída.

En este sentido, Pérez Rubalcaba destacó que el objetivo del plan que prepara el gobierno para las cajas tiene como objetivo central "reforzar su solvencia y credibilidad", dos cualidades que la primera etapa del proceso, que consistió en fusionar las 45 cajas existentes en 2009 a las 17 actuales, estuvo lejos de consolidar.

A pesar de que el hombre fuerte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció que el nuevo plan "aún está en elaboración" y se excusó de brindar detalles sobre sus contenidos, el vicepresidente no dudó en subrayar que el gobierno "tiene voluntad de hacer más reformas" y calmar así una complicada situación financiera que, a pesar de las recientes subidas en cadena de la Bolsa madrileña, no logra desembarazarse de la posibilidad de que España deba acudir en el corto o mediano plazo a la asistencia del fondo de rescate de la Unión Europea (UE).

"La meta de este gobierno es reforzar la solvencia de las cajas y mejorar su credibilidad. Esto implicará hacer un esfuerzo de transparencia", remarcó Pérez Rubalcaba.

Sobre este punto, Rubalcaba señaló la importancia del papel que cumplirán los nuevos tests de estrés bancarios y, al mismo tiempo, la publicación en forma detallada de todos los activos inmobiliarios que aparecen en el balance de las actuales cajas.

No obstante, y a pesar de la positiva reacción que tuvieron los mercados bursátiles en España tras el anuncio oficial, la agencia calificadora de riesgo Fitch advirtió ayer sobre las posibles "amenazas" para el rating crediticio de España que el nuevo plan podría acarrear.

De acuerdo con el titular de la división de riesgos soberanos de esa influyente entidad, David Riley, la asistencia del gobierno a las cajas podría dejar de ser beneficiosa para la imagen de España en el exterior si los costos del proceso de recapitalización superaran los 60.000 millones de euros, un monto que no puede ser descartado debido a las dudas que aún se ciernen sobre el verdadero estado de las cajas.