Con la vista puesta en las elecciones anticipadas del próximo 20 de noviembre, en las que el oficialismo parece llevar todas las de perder, el gobierno de España anunció ayer nuevas medidas de ahorro para reducir el déficit fiscal en casi 5000 millones de euros, pero esta vez no se trata de implementar brutales planes de ajuste, sino promoviendo medidas que supuestamente darán un impulso a la economía.

El paquete para reforzar la consolidación fiscal y reducir el déficit público del 9,2 a un 6% a fin de año, incluye una reducción del impuesto sobre el valor agregado (IVA) del 8% al 4% –que había sido aumentado desde el 7% hace poco más de un año– para la compra de vivienda nueva, un aumento del pago adelantado del impuesto de sociedades a cargo de las grandes empresas, y la reducción del gasto en remedios, obligando a las farmacias a tener disponibles medicamentos genéricos, más baratos, en lugar de las marcas más caras. En este punto, se reducirá en un 15% el precio de los fármacos con más de diez años en el mercado y para los que aún no existan genéricos.

La reforma establece que los médicos podrán escribir en las recetas sólo los nombres de los componentes activos de los medicamentos, como sucede en la Argentina, y que los farmacéuticos deberán venderle al paciente “el remedio menos caro”. El probable aumento del uso de genéricos debería permitir un ahorro de 2400 millones de euros anuales a las comunidades autónomas españolas, que se encargan de los gastos médicos y 167 millones a los ciudadanos, concluyó el portavoz del gobierno y ministro de Fomento, José Blanco.

El funcionario explicó que la reducción del IVA es una medida “excepcional y temporal”, que estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre y cuyo objetivo consiste en reducir la cantidad de viviendas nuevas sin vender, al tiempo de crear más empleos en el sector de la construcción, uno de los más castigados por la grave crisis económica que vive España.

Alrededor del 50% del mercado inmobiliario español corresponde a viviendas nuevas y la cantidad de esas propiedades sin vender se estima en unas 700 mil. Según la ministra de Economía, Elena Salgado, el objetivo es “reactivar el sector de la construcción” y no “alentar una nueva burbuja inmobiliaria”. El estallido de esa burbuja en España a principios de la actual crisis provocó un fuerte impacto en el mercado laboral español, y un galopante desempleo que alcanzó cerca del 21% de la población activa, más del doble de la media europea, una cifra que alcanza el 45% entre los jóvenes.

Según el gobierno socialista, el aumento del pago a cuenta del impuesto de sociedades permitirá ingresar en las arcas públicas unos 2500 millones de euros. Salgado indicó que la decisión de incrementar el pago adelantado del impuesto de sociedades afectará a unas 3900 compañías, cuya facturación supera los 20 millones de euros anuales. Las nuevas medidas anticrisis fueron inmediatamente criticadas por el opositor Partido Popular (PP), que las calificó de “parches”, y exigió un “plan de reforma”.

El paquete será sometido a la aprobación del Congreso el próximo martes.