El ex mandatario provincial fue procesado por presunto peculado. La decisión también alcanzó al actual secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May, y a un empleado de planta de Gobierno. El caso es un desprendimiento de otra causa donde ya procesaron a ex ministros, funcionarios y agentes.
El propio ex gobernador de la provincia fue procesado por el presunto delito de peculado en la causa que investiga el supuesto pago fraudulento de 8,2 millones de pesos en Letras a la empresa Gualdesi Hermanos, por la adquisición de módulos alimentarios para personas carenciadas que nunca habrían sido entregados.
La resolución dictada por el juez de instrucción Javier de Gamas Soler alcanzó también al secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May, a quien se le imputa haber levantado las observaciones que luego posibilitaron el pago de los expedientes.
La responsabilidad penal del actual candidato a intendente de Río Grande consiste en haber firmado los decretos que posibilitaron los pagos, por lo que se lo acusa de coautor del ilícito, mientras que a May se le atribuye una participación necesaria.
De Damas Soler también procesó al empleado de planta Isidro Ferreyra, quien habría conformado las facturas de la operatoria.
La causa Gualdesi, denunciada por la actual gobernadora Fabiana Ríos hace dos años, ya tiene procesamientos firmes contra el ex ministro de Economía, Raúl Berrone, la ex secretaria Ana Esparza y el ex contador Alfredo Iglesias, además de los empleados Horacio Medone, María Lorenza Moreno y Juan Carlos Pacheco y dos comerciantes de la firma proveedora.
El escándalo con Letras de Tesorería también tiene otro caso emblemático conocido como “la causa Arrébola”. Allí fueron procesados Medone, Iglesias, Moreno, la ex agente contratada Ana María Danna, además del ex ministro Horacio Sosa y el comerciante Ariel Arrébola, todos acusados de un fraude de 1.753.530 pesos con 94 centavos,
El caso
En la causa Gualdesi, por la que acaban de procesar a Cóccaro, De Gamas Soler emitió un primer pronunciamiento 18 de noviembre de 2008.
En esa resolución se describe el presunto desvío de 8.202.315 pesos a cambio de mercadería que nunca se habría entregado.
El juez dio por demostrado que los implicados falsificaron 18 facturas tipo B y remitos, además de alterar, suprimir y modificar otros documentos administrativos, con el fin de hacer figurar como legal, una operación que nunca se habría llevado a cabo.
Para ello, y según el magistrado, los responsables de Gualdesi reclamaron por carta documento una deuda inexistente, mientras que los funcionarios agregaron documentos falsos para “acreditar” la operatoria.
También se comprobó que el expediente administrativo fue iniciado con facturas originales emitidas en el año 2006, con el fin de engañar a los organismos de control. Y que después se habrían cambiado las facturas reales por las falsas.
“Estamos en condiciones de afirmar que entre el 29 de junio y el 1 de noviembre de 2007 se cambiaron las facturas originarias por las copias que actualmente están agregadas al expediente”, afirma el juez en la resolución judicial de 2008. Y agrega que luego fueron sustituidos otros cuatro documentos porque “la descripción de las facturas anteriores no coincidía con las actuales imitaciones”.
Según De Gamas, “las notas neurálgicas para la consumación de la maniobra fueron confeccionadas en la computadora que utilizaba” uno de los acusados.
“Resulta hasta ridículo discutir si se concretó o no la prestación, pues más allá de que se la intenta justificar con documentos totalmente apócrifos y explicaciones absurdas, la deuda nunca fue registrada en los estados contables de la firma Gualdesi, tal como se desprende del peritaje contable realizado en autos”, razona el juez. Y concluye que “a esta altura podemos afirmar entonces que no sólo se han falsificado las facturas y remitos que hoy están glosados al expediente de pago, sino que además los documentos se fueron alterando, suprimiendo, modificando y agregando según resultaba conveniente a los oscuros intereses perseguidos por los imputados”.
“Es tal el desprecio a las instituciones que denota el accionar de los imputados que ya ni siquiera se tomaban la molestia de reimprimir la documentación (insisto: material o ideológicamente falsa) al efectuar alguna sustracción o modificación en el expediente de modo que la foliatura sea correlativa”, señala también el mismo magistrado.
Luego ese fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones y la causa fue elevada a juicio, aunque en forma paralela se siguió investigando la responsabilidad de otros funcionarios, como la del ex gobernador Cóccaro.
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