El ex administrador del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, Gustavo García Casanovas, no se presentó por segunda vez ayer a la declaración indagatoria que debe tomarle el juez de instrucción Javier de Gamas Soler, en relación con el escándalo de la empresa fantasma Glisud SA.

El abogado de Río Grande volvió a argumentar razones de salud como justificativo de su ausencia en los tribunales de Ushuaia, según se desprende del escrito que presentó su letrado defensor, el ex juez de la Cámara de Apelaciones Luis Felipe Ricca.

García Casanovas acudió a una primera citación del magistrado en la que se negó a declarar y se le fijó una fecha para ampliar la indagatoria donde se suponía que iba a dar explicaciones, el pasado 27 de junio.

Sin embargo, en esa oportunidad no se presentó aduciendo no estar en condiciones a causa de una enfermedad que lo aqueja, y el juez decidió volver a convocarlo para ayer a las 9.30.

En la víspera, bajo el mismo justificativo, la audiencia tampoco pudo llevarse a cabo, informaron fuentes ligadas al caso.

El ex titular del Fondo Residual tiene el derecho de hacer un descargo sobre su presunta participación en una maniobra mediante la cual se le adjudicaron créditos por bienes de deudores del Banco de Tierra del Fuego a la empresa fantasma Glisud SA, fundada por dos ancianas indigentes y cuya dirección era un prostíbulo de Buenos Aires.

Entre otras irregularidades, se investiga si la firma presentó una oferta falsa con la connivencia de autoridades de la época (durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti) con el objeto de quedarse con las propiedades del Fondo a precios subvaluados.

El juez ya indagó por el mismo caso a Graciela D´adamo, una contadora que actuó como apoderada de Glisud en la presentación de la oferta falsa (quien además regenteaba el prostíbulo de Buenos Aires y fue asesora en la Legislatura del ex vicegobernador Daniel Gallo) y a Enrique Rolando Pinto, el titular de la compañía fantasma inscripto ante la AFIP en el rubro de “lustrabotas” y ex empleado de Gallo en el Congreso de la Nación.

Otro imputado que no se presentó a la indagatoria el 8 de junio es el abogado de Buenos Aires Martín Grondona, quien “técnicamente se encuentra en rebeldía” dijeron fuentes judiciales, y ahora deberá resolverse si se lo vuelve a citar o se lo trae a la provincia por la fuerza pública. Grondona también actuó como apoderado de Glisud.

En el caso de García Casanovas, trascendió que podría disponerse que un perito médico de la Justicia constate el estado de salud del imputado para comprobar que no está en condiciones de declarar, aunque ello debe ser evaluado y resuelto por el juez De Gamas Soler.

El concurso de precios que habría dado lugar a la maniobra delictiva se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2002, y allí apareció un sobre llevado por García Casanovas con la oferta de Glisud, suscrita por la contadora D´adamo, actuando como apoderada y quien no estaba presente.

En esa oferta, todos los datos eran falsos: el número de DNI (16.899.056), el domicilio en Buenos Aires (San Martín 624 piso 6 oficina 2) y la firma de la mujer.