La publicación de correos electrónicos con un agente inmobiliario probarían que las viviendas pertenecen en realidad al ex mandatario y no a una firma de su suegra. Auguran en fin de la carrera política del ex mandatario.
Los mensajes entre Karp y el agente inmobiliario Paul Allemant dan cuenta de que la ex primera dama pedía información sobre varias casas de la urbanización Las Casuarinas, en el distrito limeño de Surco, donde pretendía comprar una casa para su familia. Luego de varias versiones, Toledo sostuvo que el inmueble fue comprado por su amigo, el acaudalado empresario israelí Yosef Maiman, pero a nombre de la madre de Karp, la ciudadana belga Eva Fernenbug, de 82 años.
En uno de los correos, con fecha de marzo de 2011, Karp agradece al corredor inmobiliario por haberle enviado las fotos de dos casas, le recuerda que buscaba que la propiedad tuviera además "un terreno al lado" y "un jardín amplio" y le pide que le envíe los datos de las propiedades en un correo "con copia a Alejandro", de acuerdo a lo publicado por los diarios El Comercio y La República.
En otro correo, Allemant le recordó a Karp que "la casa de la calle Cascajal", que finalmente fue adquirida por Fernenbug por 3,8 millones de dólares, tenía un departamento independiente que "pensamos que podría ser para su hija Chantal o para que don Alejandro pueda tener sus reuniones sin que las personas tengan que entrar a la casa en sí".
El martillero envió también otro correo a Karp en 2012 recordándole que le tenían que pagar su comisión, en el caso de que adquiriesen una de las casas que le había mostrado, pero la ex primera dama le respondió que aún no se había concretado la compra.
Allemant declaró a la Comisión de Fiscalización del Congreso, a inicios de este mes, que Toledo lo contactó en 2009 para buscar una casa en Surco y que le mostró a la pareja unas 15 residencias en ese distrito, al cabo de lo cual adquirieron una y que no le pagaron su comisión. Toledo, de 67 años, es investigado por las transacciones hechas por la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica y fundada por Maiman y Fernenbug. El inmueble y unas lujosas oficinas fueron comprados a través de esta empresa, que además pagó dos hipotecas de casas del ex gobernante. En total, se movieron unos 17 millones de dólares.
El ex mandatario, que gobernó entre 2001 y 2006 con la lucha anticorrupción como bandera, asegura que es víctima de persecución, en especial de la "mafia fujimontesinista" (por el ex presidente Alberto Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos), pero analistas, incluso algunos próximos a su partido Perú Posible (PP), coinciden en que es él quien agravó el problema con explicaciones contradictorias.
Toledo negó ante la Fiscalía y ante la comisión parlamentaria que las propiedades fueran suyas, y, finalmente, dijo que pertenecen a Maiman, quien también le prestó medio millón de dólares para pagar las hipotecas. A raíz de estas operaciones, Toledo y Karp son investigados por la fiscalía peruana por presunto enriquecimiento ilícito. Fernenbug, en tanto, es investigada por supuesto lavado de activos en Perú y en Costa Rica.
Los críticos de Toledo creen que él es el verdadero dueño de las propiedades y de Ecoteva. Además, sostienen que las pruebas son contundentes y que el líder centrista no sólo está prácticamente desahuciado para la política, sino que además podría terminar en la cárcel. «
Fujimori en las redes sociales
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, José Pérez Guadalupe, aclaró hoy que el encarcelado ex presidente peruano Alberto Fujimori si podrá tener cuentas en las redes sociales, siempre que sean administradas por terceros desde fuera de la prisión.
Pérez Guadalupe, la máxima autoridad en las cárceles, zanjó así el debate creado desde que el ex presidente anunciara por medio de una carta que tendrá las cuentas @albertofujimori en Twitter y albertofujimorif en Facebook, desde las cuales expondrá sus posiciones e irá perfilando su autobiografía.
"Les aseguro que Fujimori ni sabe entrar a Facebook", ironizó el funcionario para darle razón al ex mandatario cuando dice que sus sitios serán administrados por jóvenes simpatizantes. Para Pérez Guadalupe, el debate debe centrarse en qué restricciones deben tener los presos, porque con la actual legislación sí pueden tener esas cuentas tercerizadas sin que haya infracción.
Fujimori, de 75 años, cumple desde 2007 una pena de 25 años de cárcel por 25 asesinatos y dos secuestros agravados perpetrados durante su gobierno (1990-2000).
Comentá la nota