Fue el viernes, cuando finalmente y luego de varias advertencias, el intendente de Río Turbio, Martín Adolfo, se presentó ante la justicia para denunciar a los concejales que, pese a haber sido blanco de durísimas críticas por parte del gobernador Daniel Peralta y algunos de sus ministros, la semana pasada ratificaron el aumento de un 30% más para los empleados municipales.

La presentación del jefe comunal, que está literalmente imposibilitado de otorgar cualquier tipo de aumentos por encontrarse sin partida presupuestaria para hacerlo, radica en una medida cautelar de no innovar, a los efectos de retrotraer las subas, suspendiendo la ordenanza sancionada por los ediles, que se entiende inconstitucional.

CONFLICTO DE PODERES

En este sentido, se conoció que la demanda sienta sus bases sobre la existencia de un conflicto entre poderes que comenzó el día en que los concejales rioturbienses decidieron, en forma unilateral, otorgar siderales aumentos a la planta política de la localidad.

El tema generó el primero de los conflictos con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), quienes a través de quites de colaboración y quemas de cubierta se opusieron a que los aumentos salariales no les llegaran.

Fue así que en una medida salomónica, los concejales decidieron (también sin el respaldo del intendente) proponer un nuevo aumento de 30% más para los obreros, colocando a Río Turbio bajo una lluvia de duras críticas por parte del Gobierno provincial, que rápidamente les advirtió que no habría ayuda financiera para afrontar tales gastos.

Finalmente, al promediar la semana anterior, Adolfo envió el veto al cuerpo deliberativo que, en sesión ordinaria, derogó los super aumentos políticos pero confirmó el incremento salarial para los obreros municipales.

Sin embargo, es importante destacar que incluso desde antes de las sanciones, los trabajadores nucleados en el Soem ya se encontraban en negociaciones pacíficas con el Poder Ejecutivo.

Es por ello que el intendente, que cuenta con el apoyo del Gobierno provincial que lo considera víctima de un manejo político por parte de los ediles, espera ahora que la justicia sea quien determine el cese de la medida sancionada y el principio de una conciliación que le dé chances de discutir con los municipales pero, esta vez, con números reales.