La mayoría de los municipios intervenidos están en el sureste del país, donde se concentra la perseguida minoría kurda, y 24 estaban encabezados por alcaldes de partidos kurdos, a los que se los acusan de estar relacionados con la guerrilla independentista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), según la agencia de noticias EFE

 En tanto, las restantes localidades eran gobernadas por el partido oficialista AKP en tres casos y por el ultranacionalista MHP en el último y cuarto caso. Pese al color político de los ejecutivos locales, el gobierno nacional de Recep Tayyin Erdogan, sostuvo que habían sido infiltrados por la red controlada por Gülen desde su autoexilio en Estados Unidos.

Hasta el momento, fueron detenidos doce concejales y la Policía extremó las medidas de seguridad en los edificios municipales en los que los interventores comenzaron este domingo su trabajo.

Las intervenciones fueron dictadas por decreto gracias a los poderes especiales que el gobierno nacional ganó con la declaración del Estado de emergencia el 21 de julio pasado, apenas días después de la asonada golpista.

El partido pro kurdo HDP, tercera bancada del Parlamento nacional, fue el primero en criticar la medida y aseguró que no la aceptará.

Sin embargo, en los hechos, estos interventores nombrados por el Ejecutivo nacional dirigirán los municipios hasta que el Ministerio del Interior tome otra decisión o se celebren elecciones locales anticipadas.

Es probable que la nueva avanzada del gobierno nacional sobre la región de mayoría kurda provoque reacciones populares; sin embargo, por ahora la conexión de internet no funciona en 15 provincias de esa alejada y aislada zona, por lo que no se sabe con exactitud qué está sucediendo en las calles.

Desde que logró salir airoso del intento de golpe de Estado a mediados de julio pasado, Erdogan dio de baja a 4451 militares, incluidos 151 generales y almirantes, y despidió o cambió de cargo a 3390 jueces y fiscales.

Al mismo tiempo, la purga de presuntos golpistas alcanzó a 80.000 empleados públicos, en su mayoría maestros, policías y empleados de ministerios, según datos oficiales.