Con un déficit que acumula unos $ 500.000 mensuales desde diciembre de 2013 y que ronda los $ 7,5 millones, al terminar 2015 el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) tendrá sus números en rojo en casi $ 13 millones, producto de una recaudación que no crece desde que hace más de un año se congelaron las tarifas. La situación ya empezó a complicar el funcionamiento operativo del ente que tiene que controlar a las distribuidoras en Mendoza, al punto que ya puso en marcha un plan de ajuste para evitar la cesación de pagos y, por ahora, tiene asegurados sueldos sólo hasta marzo.

Es que, como otros organismos reguladores, el EPRE se solventa con el cobro de una alícuota que, en su caso, equivale al 1,5% de la facturación. Ante la perspectiva de que el cepo tarifario se mantenga hasta 2016, aguarda que el Presupuesto provincial incluya un ajuste que la lleve al 2,78%. 

“La falta de tarifa no sólo es una situación difícil para las distribuidoras sino también para nuestros ingresos porque dependemos exclusivamente de ella. Al no aumentar, afecta costos salariales y, más allá de trabajar con flujo de fondos futuros, nos obligó a gastar reservas”, reconoció Elián Japaz, presidente del EPRE.

La recaudación por el cobro de la alícuota, con el aporte al día de todas las distribuidoras eléctricas, promedia $ 3,5 millones mensuales sin contar planes de pago que contrajeron las distribuidoras. Si bien el 85% se destina a salarios de casi 70 empleados, los costos fijos aumentaron conforme a los mayores controles.

Al respecto, el funcionario puntualizó que “aunque los sueldos son prioridad sólo están asegurados hasta marzo. Por eso, dinero que entra será para liquidarlos. Seguramente vamos a terminar 2015 desbalanceados, teniendo en cuenta que con el mismo presupuesto tenemos más tareas a cargo y, por ende, más gente en la calle como el control de la ejecución de fondos por parte de las empresas a través de la Convergencia Tarifaria que encomendó la Nación”.

Del ajuste al presupuesto

Hasta que los legisladores resuelvan si aumentará o no la alícuota, el organismo ya encaró un plan de ajuste graudal para mantener la estructura y su funcionamiento operativo por encima de la línea de flotación. Como es lógico, el primer ítem fue proveedores, varios de los cuales tienen facturas pendientes desde 2014. 

“No hay nada por ahora. Llame la semana que viene”, fue la única respuesta que se llevó del área contable uno de ellos ayer. Es que la lista de pagos autorizada es corta: además de sueldos, sólo servicios básicos, vouchers para combustible y gastos varios de inspectores que salen en comisión. 

Aunque achicar personal es una opción descartada por ahora, la tijera comenzó tiempo atrás con algunas gerencias. Ahora se decidieron diferir hasta nuevo aviso ítems salariales como el BAE (Bonificación Anual por Eficiencia), un premio de 1 sueldo y medio que los empleados cobran durante el año calendario.

Incluso, un plan de inversiones de $ 5 millones hasta 2016 entró en el “freezer”. El mismo preveía incorporar tecnología, más vehículos para inspecciones y una filial en zona Este.

Por el cuadro descripto, el futuro inmediato del EPRE depende de que el Presupuesto provincial 2015 -que dilata su tratamiento en la Legislatura- avale la suba de la alícuota a casi 2,8%, equiparable al ingreso del otro ente regulador provincial, el EPAS (cuestionado a partir de la estatización de Aguas Mendocinas).  

A criterio de Japaz, una alícuota superior o la actualización de los cuadros tarifarios son las únicas vías para recuperar el equilibrio de las finanzas que, a este ritmo, ya acumulan un déficit equivalente a casi 3 meses de recaudación, desde el último congelamiento (la Convergencia 2014 retrotrajo los valores a fines de 2013) y trepará a $ 13 millones a fin de año de seguir así. 

Según el titular del EPRE, “el rol del ente es defender los intereses del usuario pero optimizar la estructura operativa por esta situación, a la larga, va a significar resignar eficiencia en el control”.

Al menos hasta ayer, funcionarios del Ejecutivo y legisladores no tenían postura tomada al respecto, aunque algunos asumían que desde el organismo ya se han hecho llegar planteos en tal sentido. 

“No está en la agenda legislativa el tema puntual, pero indudablemente tiene que ver con el Presupuesto. De todos modos, hay que buscar un mecanismo que no afecte al bolsillo de los ciudadanos y, en ese aspecto, el Gobierno debería resolver lo antes posible la pauta de gastos de la Provincia, con lo cual se facilitaría una salida por tratarse de temas relacionados”, señaló el senador radical Daniel Ortiz, miembro de la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería de la Cámara alta.