Cada espacio público sufre un golpe tras otro por las medidas lanzadas por el gobierno libertario que prometía acabar con "la casta", sin asumir que los verdaderos pilares del sistema —como los empleados de la salud— son quienes hoy resultan más castigados. En este contexto, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó este lunes 2 de junio al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por presuntas irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan.

Todo comenzó con numerosas manifestaciones de residentes que denuncian salarios miserables, extenuantes horas de guardia y la falta de insumos básicos para trabajar. A esta situación se sumó la denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada Marcela Campagnoli.

La presentación judicial señala posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Según la denuncia, el ministro libertario habría exigido —con consentimiento de sus superiores— la renuncia de todo el Consejo Directivo del hospital Garrahan "de manera arbitraria y contraria a la normativa vigente". 

"Ello habría ocurrido en octubre de 2024, cuando el Consejo Directivo del Hospital Garrahan autorizó la entrega de un bono dinerario al personal, ejerciendo una facultad discrecional que históricamente ha tenido, sin consultar al Ministerio de Salud", detalla la presentación. De acuerdo con las denunciantes, ese bono responde a una suma que se entrega regularmente a los profesionales de la salud y proviene de un fondo autónomo que el Consejo administra, sin que sea necesario pedir autorización al Ejecutivo nacional.

Con el objetivo de esclarecer los hechos, Marijuan impulsó la investigación y solicitó al hospital que aporte un organigrama completo con el detalle de sus autoridades, sus funciones y áreas de competencia. También requirió un informe sobre la integración del Consejo de Administración antes y después de octubre de 2024, así como copias de las resoluciones vinculadas a la entrega del bono.

La denuncia, presentada por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, suma un nuevo capítulo a la creciente tensión entre el personal de salud pública y la administración de Javier Milei. Mientras el Gobierno ajusta partidas y reprime a quienes protestan, los niños y niñas más vulnerables del país —pacientes del Garrahan— quedan rehenes de una gestión que prioriza la motosierra ideológica por encima del derecho a la salud. No hay "casta" más peligrosa que aquella que desfinancia hospitales infantiles. Lo que sucede en el Garrahan no es una excepción: es una advertencia sobre el precio humano de la crueldad planificada.