Desde el Ministerio de Salud destacaron la decisión del Gobierno Nacional de otorgar el beneficio de las asignaciones familiares a mujeres embarazadas que no están insertadas laboralmente, por considerarlo "una medida que apunta a la inclusión". De acuerdo a los datos de la cartera provincial en Tierra del Fuego se registran alrededor de 2.500 embarazos por año, de los cuales aproximadamente un 30 por ciento de mujeres no cuentan con obra social; por lo que el beneficio alcanzaría a entre 700 y 800 embarazadas radicadas en la Isla.
"Pero este beneficio no alcanzaba a un montón de mujeres en la Argentina, entre ellas las que están desocupadas, que no perciben ningún tipo de asignación familiar porque se manejan en el mercado informal, o que son monotributistas sociales", anotó.
La funcionaria citó como ejemplo a las empleadas domésticas, "que cobran un salario inferior al mínimo vital y móvil".
Celebró por tanto que "desde el ANSeS y el Ministerio de Salud de la Nación se haya planteado una medida en aras de la equidad y la inclusión, para que estas mujeres embarazadas, una vez cumplida la décimo segunda semana de embarazo (4º mes) -certificado por un médico generalista, de familia, tocoginecólogo u obstetra- puedan inscribirse en un registro del organismo de seguridad social para percibir esta ayuda que equivale a 220 pesos por mes".
La doctora Almeida comentó que dicha ayuda "se cobra en parte durante el embarazo, y luego hay un porcentaje que queda en reserva y que se abona finalizado al finalizar el mismo con la acreditación del carnet perinatal, donde constan la realización de los controles del embarazo, para certificar que se hizo la totalidad de los mismos".
"Este control integral tiene que ver con el momento de la captación, la cantidad y calidad de los controles; es decir las actividades que se realizan en los mismos; la realización de dos ecografías durante el embarazo; la inscripción en el Plan Nacer de la embarazada; y además las primeras vacunas del recién nacido", subrayó.
En cuanto al impacto que tendrá en Tierra del Fuego la medida gubernamental enunciada, la doctora Almeida observó que en la Provincia "tenemos un número aproximado de 2.500 nacimientos anuales, de los cuales aproximadamente el 30 por ciento no tiene obra social y son atendidas en el sistema público de salud".
"Es decir que el número aproximado de beneficiarios en la Provincia es de entre 700 y 800 mujeres embarazadas, que actualmente son conocidas y bien controladas por los servicios públicos de salud de manera gratuita e integral, y seguramente esta ayuda económica va a colaborar con su condición social, favoreciendo el cuidado integral de su salud; además de ser, como se dijo, una medida que apunta a la equidad y la inclusión", ratificó.
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