Chalabe además señaló que "esta vista fue contestada hoy, en el plazo de Ley, y lo que decimos es que ampliamos nuestro planteo de inconstitucionalidad respecto a un artículo de esta ordenanza, que es el segundo, que faculta el Concejo Deliberante al Ejecutivo Municipal, a establecer los mecanismos que sean necesarios para adecuar la tarifa del transporte urbano de pasajeros de acuerdo a los convenios o a los arreglos que se hayan hecho con las empresas privadas; esto está prohibido en la Constitución Nacional en el articulo 76, la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo".

Chalabe recordó que algunos mecanismos legales en relación a esta problemática establecen que "la tarifa tiene que tener un mecanismo de consulta, el más idóneo y adecuado establecido es la audiencia pública y, por otro lado, tiene que ser justificado técnicamente para que sea razonable, o sea que, si quiero aplicar un aumento del 10%, tengo que justificarlo, no sólo con estudios económicos, sino que hay que establecer una serie de principios que hay para la fijación de tarifas, uno de los cuales es el impacto que generará la tarifa en el bolsillo de los usuarios".

En relación a las acciones que se podrían desarrollar en el tiempo inmediato, Chalabe comentó que "contestamos al traslado, así que estamos en etapa de prueba del expediente, así que esperamos que con esta contestación se cierre la etapa de prueba y ya se llame el auto para sentencia, que normalmente llevaría 30 días, porque la acción base es un amparo".

Día del consumidor

En relación a la conmemoración del Día del Consumidor, el próximo 15 de marzo, Chalabe comentó que se están organizando charlas para este lunes y se espera contar con la presencia de Natalia Buira, la defensora Pública de la provincia de Salta, y se solicitaron audiencias con el principal mandatario de nuestra provincia, Walter Barrionuevo, "para tratar temas que conciernen al consumidor, como es la canasta básica de útiles escolares, la cuestión de los precios, y hay un viejo anhelo, que la provincia lo tenía en estudio, que es la creación de los tribunales centrales de consumo".