El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) responsabilizó ayer a Energía San Juan y en menor medida a DECSA de Caucete por los cortes de energía sufridos en la provincia durante el último mes y medio, ya que sostienen que "no han hecho las inversiones que estaban previstas".

El presidente del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, dijo que "los problemas de calidad de servicio de lo que va del año y en especial en las últimas dos semanas fueron muy severos y perjudiciales porque algunos fueron de gran duración, de hasta 5 horas, y en otros generaron bajas de tensión que llevaron a duplicar las denuncias" ante el organismo.

Rivera Prudencio aseguró que "los problemas de cortes de electricidad se debieron fundamentalmente a las demoras en las inversiones pautadas para el periodo por parte de las concesionarias que debieron adecuar el equipamiento en media tensión y en la capacidad de transformación de media y baja tensión, que es lo que les llega a los usuarios".

El funcionario aseguró que "la Estación Transformadora San Juan funcionó muy bien con 120 kv y tenía una reserva de otros 120 kv, de modo que se podía utilizar toda la energía que hiciera falta" y agregó que "lo que pasó es que el sistema de distribución funcionó con mucha carga, trabajando al límite y saltaron las protecciones dejando a miles de usuarios sin servicio en muchos casos por periodos muy prolongados de tiempo".

Técnicamente Rivera señaló que "el exceso de carga provocó que se produjeran fallas de desconexión de alimentadores, lo que arrastró una serie de fallas en cadena por la falta de capacidad del sistema para direccionar la energía a los usuarios".

En ese sentido dijo que "lo que pasó el viernes fue directamente inadmisible" en relación a la serie de cortes que se produjeron, y que "no es cierto que la falta de agua para generación eléctrica haya perjudicado el servicio, ya que San Juan está conectada al Sistema Interconectado Nacional y recibió, por la Línea de 500 Kv que nos une con Mendoza, toda la energía que se necesitaba, proveniente de las centrales nacionales que estaban generando".

Las demoras en las inversiones que Rivera le achacó ayer a Energía San Juan fueron fundamentalmente "en la construcción de la Estación Transformadora Pueyrredón que la empresa decidió posponer y en la Estación Transformadora Punta de Rieles que tampoco realizó, a pesar de que la empresa tenía una estimación del aumento de la demanda que era correcta, de modo que sabía lo que iba a pasar y sin embargo no actuó según lo previsto", al punto que calculó que "hay un atraso del 20 por ciento en materia de inversiones".

El dato de aumento de la demanda fue que "en el último mes subió en un 15 por ciento y medido anualmente la suba es del 10 por ciento, que es algo que estaba previsto en las proyecciones de incremento de la demanda y para lo cual la empresa debió prepararse adecuadamente".

Multas y sanciones

El Directorio, integrado por Rivera, la abogada Isabel Romero y el vicepresidente Oscar Trad, aseguró que esta situación de incumplimiento empresario derivará en dos tipos de sanciones: habrá una penalización en la próxima revisión tarifaria, que empieza el 19 de febrero, donde si hay un aumento de la tarifa, éste será reducido y por otro lado habrá una sanción extraordinaria que se anticipa que será muy cuantiosa, aunque no dieron precisiones.

Tales sanciones en dinero "irán a parar al Fondo de Compensación Tarifaria y se utilizarán para pagar los excedentes de energía entre noviembre (cuando se postergó la revisión tarifaria) y febrero", pero ya anticipan que "las sanciones por mala calidad del servicio van a menguar el aumento de la tarifa que surja de esa revisión", si es que corresponde aumentar el precio de la luz.

Explicaron que "hay una mecánica de sanciones para las fallas normales que se evalúan semestralmente cada vez que hay que hacer una revisión tarifaria, según las interrupciones, la cantidad de usuarios afectados y la calidad del servicio", que es algo que impacta directamente en la tarifa.

Lo que se agrega en esta oportunidad "es una sanción extraordinaria prevista en los pliegos y que se activa en estos casos graves en los que el perjuicio sobrepasa lo que puede considerarse normal y que aún no está cuantificada porque está en proceso de evaluación del Consejo Consultivo", integrado por instituciones del medio.

Como parámetro, Rivera recordó que "por los cortes que produjo el tornado del 2.006, cuando cayeron postes y soportes, se penalizó a la empresa con 600 mil pesos" y aunque no lo admitió puntualmente dejó entrever que la multa de ahora podría ser mayor, porque dijo que "las explicaciones que da la empresa para la falta de inversión no son satisfactorias".