El Gobierno provincial apuesta a revertir la virtual prohibición de endeudarse que ordenó la Sala I de la Suprema Corte y considera posible una resolución en contrario de la cuestión de fondo. Para ello impulsa la propuesta del plenario del máximo tribunal mendocino, ya solicitada por la Fiscalía de Estado. Ayer, el gobernador Francisco Pérez, el vice Carlos Ciurca, el titular de Diputados, Jorge Tanús y el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, se reunieron por la mañana para medir las consecuencias del fallo firmado por los ministros  Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares.

Por la tarde el Gobernador se encerró a evaluar las alternativas jurídicas con su ministro Legal y Técnico, Francisco García Ibáñez y profesionales de la asesoría de Gobierno. Los Andes pudo detectar al menos un contacto del Poder Ejecutivo con el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, en el que el Gobernador le hizo saber la preocupación por la situación de “gravedad institucional”. 

En el gobierno provincial se evalúan distintas alternativas jurídicas que incluyen desde la utilización de la vía recursiva ante la Sala I, hasta la recusación de sus dos firmantes (Nanclares y Pérez Hualde) para la resolución de fondo (la constitucionalidad o no de la ley de reconducción presupuestaria) por haber preopinado contra la norma en su aceptación de la medida cautelar.

El radicalismo ya objetó a Omar Palermo, por considerarlo cercano al oficialismo. Por lo tanto, una eventual resolución final de la cuestión de fondo a manos de un plenario de la Suprema Corte, deberá contemplar la participación de no menos de tres conjueces de la Suprema Corte. Además, en el análisis que la Fiscalía de Estado hace del fallo de la Sala I, llama la atención que se haya fijado una contracautela (una  garantía de dos millones de pesos) a los demandantes radicales, como en una acción privada y sin tener en cuenta que el tema puede considerarse una “cuestión de orden público” que no requiere de contracautela.

La definición de los pasos del Gobierno se produce junto a la intervención de los agentes económicos y sociales afectados por la eventual caída de la obra pública. Tras una reunión en Costa de Araujo con el superintendente general de Irrigación, José Luis Álvarez, regantes de Lavalle decidieron pedir una audiencia a la Suprema Corte “para explicarle los perjuicios a los que quedaremos sometidos”.

Solicitaron a los legisladores Jaliff, Camerucci, Del Río, Scattareggia, Parés, y al presidente de la UCR , Pinto, “que revean la petición hecha a la Justicia” ya que se ponen en riesgo 900  millones de pesos de la producción de la zona afectada. “¿Se imaginan decir a un organismo internacional que no podemos recibir el dinero (de un crédito) porque tenemos un problema interno en la Provincia? Esto es gravísimo. Es un desprestigio para Mendoza y lo tenemos que corregir rápidamente”, manifestó Alvarez.

Por su parte el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, alertó porque las firmas constructoras podrían iniciar demandas a un Estado sin caja que no podrá pagar obras que contrató.

En tanto, el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde, ratificó que está suspendido el inicio de obra para el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la zona Este. “Estamos hablando de una obra de 50 millones de pesos, de los cuales 71% son de la Nación y 29% de la Provincia”.

Entre los constructores privados y contratistas del Estado, Santiago Laugero confirmó que evalúa una presentación ante la Suprema Corte “porque se puede haber cometido algunos errores”.

Para Vaquié, no se caen obras con crédito BID-BIRF

“Los responsables de la administración provincial argumentan con mala fe que el pedido de la UCR a la Corte y el resolutivo del tribunal dejan a Mendoza sin obras financiadas por el BID/BIRF. Esto no es así. Están usando de rehenes a los trabajadores y a todos los mendocinos para apretar tanto a la Justicia como a quienes tratamos de detener la escalada de endeudamiento ilegítimo del gobierno de Pérez”, afirmó el diputado nacional radical Enrique Vaquié.

“Las obras de infraestructura del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), el Plan de Mejoramiento de Barrios (Promeba) y las obras destinadas a mejorar el sistema de agua potable y saneamiento, no fueron alcanzadas porque sus financiamientos fueron aprobados antes de la sanción de la ley 8.667 (de reconducción presupuestaria)” aseguró.