Gracias a ese extraño talento que tiene la justicia local para hacer difícil hasta lo más sencillo, las apelaciones que se plantearon a la sentencia dictada en junio pasado por el doble crimen de lasturistas francesas en Salta todavía no encuentran un tribunal que las trate.

Esta nueva desprolijidad, una más de una larga lista cometidas por el Poder Judicial de Salta en, acaso, la causa más importante de la historia criminal de la provincia, tiene parado el trámite del expediente desde hace más de cuatro meses.

Si bien los abogados defensores reconocen que, a veces, estos trámites demoran por su propia naturaleza, también advierten que todo podría solucionarse si la Corte de Justicia tuviera un criterio definido, sin embargo, aseguran que el máximo tribunal estaría mimetizado por la intrascendencia y propensión a la desidia de Posadas.

El caso de las turistas francesas ha evidenciado en el juicio numerosas desprolijidades en el proceso de primera instancia, siendo el juez instructor, Martín Pérez, del viejo Juzgado de Instrucción Formal 1, el centro de todas las críticas.

Incluso hace dos semanas, el programa "Cámara del Crimen” de la cadena de noticia TN volvió a ponerlo bajo fuego al abordar detalles del caso con un entrevistado de lujo: Daniel Vilte, uno de los acusados que fue absuelto por la Sala II del Tribunal de Juicio.

Vilte fue absuelto junto a Santos Vera, mientras que Gustavo Lasi resultó condenado a la pena de 30 años de prisión. Por este fallo, el tribunal de juicio, integrado por los jueces Angel Longarte, Bernardo Ruiz y Carlos Pucheta, éste último ahora jubilado, recibieron varias apelaciones.

Las primeras fueron planteadas el 4 de julio pasado por el fiscal penal, Federico Obeid y la defensora oficial, Clara Belmont, mientras que el 31 del mismo, el tribunal recibió las apelaciones presentadas por los abogados, Horacio Morales y Matías Adet, defensores de Lasi.

En la misma fecha, el abogado, Marcelo Arancibia, defensor de Vilte, y los abogados querellantes, Federico Rodríguez Spuch, Nicolás Ortiz y Nicolás Durrier también apelaron. El último en hacerlo, el 25 de agosto pasado, fue el letrado, José Vargas, a cargo de la defensa de Vera.

"Tómala vos, dámela a mi”

Todas estas apelaciones, según se desprende de una resolución dictada por el juez de la Sala III del Tribunal de Impugnación, Rubén Eduardo Arias, estaban dirigidas a la Corte de Justicia, aunque, desde este alto tribunal se habría indicado que los cuestionamientos de las defensas, fiscalía y querella debían ser remitidos a Impugnación.

Esto recién sucedió el 29 de septiembre pasado, casualmente luego de varias idas y venidas entre el tribunal de juicio y la Corte respecto a qué tribunal debía hacerse cargo de analizar y resolver las apelaciones, tarea que –por cierto- nadie en la ciudad judicial quiere asumir.

Cuando las apelaciones llegaron a la Sala III del Tribunal de Impugnación, el juez a cargo, Rubén Arias, analizó las fechas de las presentaciones, la reglamentación legal vigente respecto a la competencia y el 20 de octubre pasado decidió devolver el paquete de apelaciones a la Sala II del Tribunal de Juicio.

En su explicación de esta decisión, el camarista sostuvo que dado que las primeras apelaciones se recibieron entre el 4 y 31 de julio, mientras que la presentada por la defensa de Vera, en realidad corresponde a un pedido de suspensión de plazos en junio pasado, esa sala no podía asumir el análisis de los cuestionamientos defensivos.

Según el juez Arias, la Sala III de Impugnación fue creada el 1 de agosto pasado y sólo puede analizar casos que lleguen después de esa fecha, tal como lo establece las normas legales vigentes, por lo que devolvió el expediente a fin de que las apelaciones sean giradas a la Corte de Justicia.

El fuero de Impugnación fue creado a partir de leyes modificatorias y complementarias aplicadas en el marco de la reforma del Código Procesal Penal, hecho que varió el curso de las apelaciones a las sentencias de juicio, las que a partir del 1 de agosto pasado son de competencia de este tribunal y no de la Corte como sucedía antes.

No obstante, y dado que en el caso del crimen de las turistas las apelaciones fueron planteadas anteriores a la creación de este fuero, el tratamiento de las mismas deben quedar en manos de la Corte, tribunal que habría intentado deshacerse de esta tarea.

Según fuentes judiciales, la última palabra respecto a la competencia de las apelaciones todavía no está dada, pues habría rumores de que la Corte intentará volver a girar el expediente a Impugnación aludiendo una cuestión de fechas, lo cual sería aún más bochornoso.