Un nuevo capítulo mediático protagonizó ayer la titular de la Fundación Liliana Vera, cuando en horas de la mañana apareció encadenada frente a la Municipalidad de Córdoba, amenazando con prenderse fuego si no se restablecía el convenio que la vinculaba laboralmente con la empresa Tamse.

Se trata del acuerdo firmado en 2006 durante la gestión de Luis Juez por el cual la mujer, cuyo nombre es homónimo de la entidad, cobrara alrededor de 81.500 por emplear a otras 20 personas que operaban las rampas para discapacitados en 10 unidades adaptadas de las línea V1, Central Rojo, Verde y R2. Esta cifra, dividida por la cantidad de usuarios en sillas de ruedas que utilizan ese servicio a diario (unas 40 personas) arrojaba que cada viaje a la empresa le costaba unos 101 pesos.

Tras una serie de irregularidades dadas a conocer por este medio, el actual Directorio de la Tamse resolvió no renovar el convenio que vencía el 31 de octubre pasado, fecha desde la cual las operadoras ya no se desempeñan arriba de las unidades. Aunque las trabajadoras están siendo representadas por el gremio que las nuclea -Utedyc- en las audiencias que se desarrollan en la Secretaría de Trabajo por cuestiones netamente laborales, Vera decidió “exponer” su vida ayer por la fuente laboral del grupo. Esto pese a que, durante los años que funcionó su entidad, entre otras cosas, nombró en lugar de algunas empleadas a sus propios parientes, a los de Chamorro y a los del supervisor Jorge Coman. Sin contar las diferencias de haberes entre lo que la Tamse le pagaba y lo que efectivamente cobraban las operadoras.

Como recién salida de la peluquería, cuidando hasta los más mínimos detalles de su apariencia, con el mate y los criollos al lado, la mujer confesaba ayer a los gritos ante las cámaras del programa “El Show de la Mañana”: “Que venga alguien y nos devuelva la fuente de trabajo, si no me prendo fuego ahora mismo”. A su lado, la administradora de la entidad, Beatriz Chamorro, asentía las manifestaciones de su amiga, quien mientras hablaba tenía un fósforo en una mano y una botella de alcohol en la otra.

La puesta en escena que incluyó la presencia de bomberos y policías, duró hasta que las mujeres fueron recibidas por autoridades municipales en horas del mediodía. Según trascendió, el miércoles de la próxima semana se reunirán nuevamente con funcionarios de la Secretaría de Transporte. Aunque, desde la Tamse aseguraron que el convenio no se reflotará y que la decisión del Directorio quedó firme.

“Me ligaron a Juez y a Giacomino, ahora que venga alguno de los dos a darme una respuesta. La chicas (las empleadas de la entidad) me están pidiendo una indemnización y de dónde voy a sacar esa plata”, dijo la presidenta de la Fundación que fue creada con el solo propósito de emplear a personas para operar las rampas y cobrar mensualmente un cheque por ello.

Esa especie de confesión donde la mujer se muestra decepcionada de los políticos, no hace otra cosa más que afirmar su relación como puntera política del actual senador Luis Juez cuando era intendente. De hecho, el primer convenio celebrado con la Tamse lleva la firma del actual concejal juecista Walter Nostrala que en aquel momento era el presidente de la firma estatal.

Otras irregularidades

El primer contrato entre la Tamse y la Fundación Liliana Vera fue firmado en setiembre de 2006 y la personería jurídica entregada a la entidad por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas es de exactamente un año después: 11 de setiembre de 2007. Mientras tanto, la entidad ya había cobrado su primer convenio.

Además, se conoció que el domicilio que acusa Liliana Vera en el trámite ante Inspección de Personas Jurídicas es un baldío en barrio Coronel Olmedo, en la calle 11 de Setiembre 5.289.