“Lo que venimos a pedir es ayuda para que mis hijos y mis sobrinos puedan volver a la escuela, para que puedan dormir en una cama, hoy estamos durmiendo tirados en el piso, en colchones. Nuestros hijos no tienen zapatillas, no tienen ropas, porque todas nuestras pertenencias, incluyendo los documentos, están dentro de mi casa y la de mi hermana, que fueron usurpadas, después del suicidio de Carlos, mi marido”, narró, a mdphoy.com, Laura Luján Inostroza.

El drama en que se encuentra inmersa con su grupo familiar desde que el 4 de febrero, en que su esposo Carlos Casco intentara quitarse la vida, falleciendo cinco días después en un centro asitencial.

“Estábamos en pleno proceso de separación -prosiguió el relato-, y eso lo deje asentado en el Tribunal de Familia Nº 2, donde pedí ayuda para él porque además de querer separarme, quería que lo ayuden, porque sabía que no estaba bien psicológicamente. Pero los abuelos paternos y el primo de mi esposo, que es un narcotraficante, tomaron la excusa de que Carlos se había suicidado por mi culpa, y usurparon mi casa y la de mi hermana”. Agregando que “hicimos todas las denuncias pertinentes, por las amenazas y la usurpación. No se hizo nada al respecto. Ingresamos al Programa de Protección al Testigo de la Procuraduría General, y estuvimos en dicho programa hasta el viernes pasado, en que se nos excluye a pedido del Fiscal Belén, porque nosotros no declaramos en contra de los narcotraficantes, que usurparon nuestras casas, ya que sí declaro está en riesgo la vida de mis hijos”.

Asimismo, Laura comentó que “después de cinco días de estar nosotros, supuestamente protegidos, se quedaron con ambas casas. Inclusive había un rondín que lo había mandado a pedir la fiscal Trill, y un patrullero enfrente de mi casa, cuando esta gente la ocupa. Estábamos en la Departamental, reunidos con Alveolite y el fiscal Pellegrinelli. Ellos estaban con los handies encendidos y escuchaban que se estaban metiendo en nuestras casas, pero nadie hizo nada”.

Acto seguido añadió que “el programa ahora nos excluye a pedido del fiscal Belén, y tenemos que volver a Mar del Plata sin nada, simplemente con lo puesto. Fuimos a pedir ayuda a Desarrollo Social, a Niñez y Adolescencia, a la oficina de Asistencia de la Mujer, a la Dirección de Derechos Humanos, entre otros organismos pero no tuvimos respuestas. Martin Aiello y el Sr. Alveolite nos hacen saber, a través del Sr. Rodrigo Vives que, ya que nuestras casas fueron usurpadas, no nos puede brindar ningún tipo de asistencia. Y que lo que podríamos llegar a tener como solución es volver con el Programa de Protección al Testigo. Lugar al que, obviamente, podríamos reingresar con previa declaración. Siendo esto a mi pobre entender un empujón a que declaremos, no respetando el derecho constitucional que nos asiste a no declarar”.

“Hemos perdido nuestros trabajos y hasta tanto no consigamos empleo no tenemos recursos alimentarios. De modo que hasta que no tenga respuestas de la política y la justicia local, voy a seguir encadenada, haciendo huelga de hambre y hago responsable de lo que a mí me pase a todos los funcionarios porque alguien tiene que darnos una mano”, concluyó.