Desde el sábado pasado rige para la ciudad de Córdoba el primer tramo del aumento del 25 por ciento sobre la tarifa del boleto del transporte urbano de pasajeros, sancionado en diciembre pasado por el Concejo Deliberante. Sin embargo, haciendo una lectura estricta del proyecto de ordenanza aprobado por mayoría, la suba podría no estar legalmente vigente ante la falta de cumplimiento de un punto relevante. Se trata del artículo 11 de la iniciativa que establece claramente como requisito ineludible para la entrada en vigencia del incremento que las empresas de transporte deben firmar su conformidad con la nueva tarifa, renunciando a cualquier tipo de acción legal que pudiera surgir en un futuro por diferencias entre el precio y los estudios de costos.

Y según supo este diario, ni Coniferal ni Ciudad de Córdoba firmaron aún la orden de servicio y si lo hacen, aseguraron, lo harán bajo reserva. Con esto, dejan abierta la posibilidad de volver a accionar legalmente contra la Municipalidad de Córdoba por violar el pliego de concesión, que señala que el costo del boleto debe ser similar al estudio de costos oficial. De esa manera, las prestatarias ya analizan reclamar por las pérdidas que surjan de la diferencia entre lo que aprobó el cuerpo deliberativo y lo que realmente arrojaron los estudios de costos, tal como ocurrió en 2004. Ese año se aprobó un boleto por debajo del costo que surgía del propio municipio y por el cual en estos días se conoció que el Tribunal Superior de Justicia falló a favor de Coniferal por un monto que ronda los 70 millones de pesos.

Justamente esto quisieron evitar los ediles de la oposición al acompañar la última suba. Por eso, las negociaciones con el oficialismo incluyeron la propuesta de los radicales para incorporar el artículo 11 a la iniciativa original del Ejecutivo, entre otros aspectos.

“Además de crear la comisión para el debate del marco regulatorio y la obligación para el Ejecutivo de rendir cuatrimestralmente un informe sobre subsidios, exigimos como requisito que las empresas firmaran su conformidad con la nueva tarifa. Este es un buen momento para que el intendente Daniel Giacomino demuestre que está del lado de los intereses de los vecinos y haga cumplir la normativa”, dijo Mario Rey cuyo voto fue decisivo para que el giacominismo logre sancionar el incremento.

Por su parte, Horacio Villareal de Coniferal confirmó que la empresa recibió la nota de servicio emitida por la Municipalidad de Córdoba el día 31 de diciembre, un día antes de que comenzará a regir el aumento a 2.20 pesos, e informó que tienen cinco días hábiles para responderla. “Mañana (por hoy) hay una reunión con los directivos para definir qué vamos hacer. Seguramente se firmará aceptando la suba pero bajo reserva porque es una situación calcada a lo ocurrido en el 2004”. En igual sentido se manifestó Víctor Taricco de Ciudad de Córdoba.

Antecedente para Giacomino

Cabe recordar que el edil peronista Elvio Sahaspe presentó el año pasado una denuncia contra el ex intendente Luis Juez para que se lo investigue por supuesto “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”, en el marco de la demanda millonaria que presentaron las empresas de transporte público contra la Municipalidad. Sahaspe sostuvo que Juez no tuvo en cuenta la minuta de costos para actualizar el valor del boleto en 2004, tal como lo establece la norma.

El Tribunal Superior de Justicia dictaminó a favor de Coniferal y Ciudad de Córdoba en contra de la Municipalidad por considerar que durante la gestión de Juez fueron infringidos sus contratos de concesión. El reclamo, que fue apelado por el Ejecutivo en la Suprema Corte, supone un daño de 100 millones de pesos al Estado, y se calcula en virtud de una diferencia de costos de unos 0,15 centavos.

No sería de extrañar que algo similar recayera sobre el Giacomino ya que está incumpliendo la norma en los mismos términos que Juez.