$ 2,75 el valor del pasaje, mientras que la estimación de Coniferal está siendo elaborada, pero ya se adelantó que el porcentaje no sería muy distinto.

Con precisión, el cálculo a Ciudad de Córdoba le arrojó un boleto a

$ 3,75, aunque debitando lo que proviene de los subsidios nacionales -Sistau y gasoil a 92 centavos- le quedaría una tarifa de $ 2,75 para el usuario.

El pedido de aumento de las privadas es el disparador del proceso de reajuste tarifario, que continúa con la elaboración de un cálculo oficial sobre el movimiento de precios de la canasta de costos del servicio, que luego es enviado al Concejo Deliberante. Este es finalmente el que resuelve.

El problema que no debería repetirse en esta oportunidad es el que se conoció hace pocos meses, cuando la Municipalidad apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un fallo del Tribunal Superior favorable a las empresas privadas sobre el primer aumento otorgado por Luis Juez en 2004. La causa de la demanda es que el Estado municipal -De-partamento Ejecutivo y Concejo en forma corresponsable- sancionaron un aumento menor al cálculo oficial de costos.

Este cálculo oficial siempre da unos cuantos centavos por debajo de las estimaciones privadas. Por ejemplo, el estudio de Coniferal en el cálculo previo al último aumento otorgado en diciembre de 2009, fue de un boleto a $ 2,45, y el de Ciudad de Córdoba estuvo en los $ 2,38.

Según argumentan las dos privadas -Tamse nunca hace cálculos de costos y hace suyo el del municipio-, desde que se realizó en setiembre el estudio que prologó el aumento de diciembre, se ha acumulado una desactualización superior al 30%. Los empresarios impactan en el desfasaje actual lo no concedido en el anterior aumento, cuando calcularon el boleto a $ 2,40 y se les concedió sólo $ 2,00.

De cualquier manera, este diario ya adelantó lo que posteriormente confirmó el intendente Daniel Giacomino: la futura actualización tarifaria se otorgará en forma gradual, aunque sólo con la sanción de una sola ordenanza. Esto es, un solo pronunciamiento del Concejo que fije dos aumentos con fecha preestablecida para que entren en vigencia.

Esta gradualidad atiende a circunstancias esencialmente políticas: a medida que se acerque el año electoral, 2011, será cada vez más difícil actualizar tarifas, máxime teniendo en cuenta que en el municipio no se fijan los reajuste en el transporte como en la Provincia, por decreto del Ejecutivo, sino a través del Concejo Deliberante.

Y a estas dificultades están atentas las autoridades municipales y también las fuerzas políticas de oposición con posibilidades de llegar al gobierno municipal el año próximo.

Es que si se produce un retraso, por ejemplo, de dos años -entre diciembre de 2009 y diciembre de 2011-, se generaría una verdadera olla de presión sobre las futuras autoridades, con los costos políticos que esto implicaría. Y esto suponiendo que pueda sobrevivir el servicio con un retraso tarifario del 40% o más.

La tendencia que se está verificando en el transporte urbano es que gradualmente los subsidios nacionales van perdiendo peso relativo en la tarifa. Que esto se pronuncie o no dependerá de la evolución de las cuentas fiscales de la Nación y de los márgenes de decisión subjetiva del poder central.