Según trascendió en las últimas horas de 2010, las empresas concesionarias del transporte urbano e interurbano de pasajeros en la ciudad se aprestarían a hacer una nueva presentación ante el HCD en demanda del aumento que ya les fuera negado en noviembre pasado por ese cuerpo.

Aunque desde la empresa todavía no se confirmaron estas versiones, fuentes gremiales aseguraron que este miércoles la Unión Tranviarios Automotor (UTA) firmó un convenio por el cual a partir de enero sería blanqueada en el sueldo básico la suma no remunerativa de 300 pesos que venían percibiendo los choferes.

También en la misma reunión se habría rubricado un acta-acuerdo para el pago por tres meses de un plus salarial de 1.000 pesos. Por otra parte, si bien hasta hace dos meses atrás los subsidios para las empresas -destinados al pago de sueldos- eran percibidos en tiempo y forma, extraoficialmente se supo que en la actualidad habrían sido reducidos en un 50 por ciento.

Esta coyuntura incidiría para que las empresas Nuevo Bus y Ola Bus decidieran volver a la carga en sus reclamos de 31 y 40 por ciento de aumento, respectivamente, incremento que les fuera negado en forma unánime por los concejales locales a principios de noviembre.

Asimismo, en estos días se habría concluido el estudio de costos pedido en su momento por el Ejecutivo local, cuyos números respaldarían el pedido de aumento de la empresa, y se espera que sea remitido al Concejo Deliberante. Con ese aval, no habría impedimentos para replantear la negativa del año pasado.

Contrariamente a lo expresado en reiteradas oportunidades por los trabajadores, la consecuencia de la negativa a brindar el aumento pretendido no impactó sobre las fuentes de trabajo pero sí en los usuarios, que hoy en día se ven perjudicados por la reducción de vehículos en cada una de las cinco líneas que recorren Olavarría y repercute en un mayor tiempo de espera debido a la disminución en las frecuencias de los recorridos.

Con esta tesitura, sorprendió que dichos cambios se hubieran materializado en diciembre cuando era usual que se llevaran a cabo al finalizar el año. De este modo, desde hace un tiempo hay cuatro líneas que cuentan diariamente con un coche menos: la 501, afectada al sector de la Escuela 6 y barrios aledaños; la 502, que recorre los barrios San Vicente y microcentro; la 503, con servicio en barrio Villa Floresta y a lo largo de la avenida Pueyrredón; y la 504, que une la Sociedad Rural con la Máxima. Mientras que se desafectaron dos coches de la línea 500, que llega hasta el barrio CECO. Estos cambios implican que en promedio haya unos cinco minutos más de espera en cada recorrido.

A la reactivación del pedido se suman como antecedente los aumentos aplicados en los servicios similares de distintas ciudades bonaerenses. En ese sentido, se sostiene que el cuadro tarifario local quedaría muy relegado respecto de ciudades vecinas como Tandil, donde el precio del boleto asciende a 2,60 pesos, mientras que el precio actual del boleto urbano en Olavarría es de 1,85 peso. En la misma línea, se reflota el argumento de que es insostenible un servicio luego de 21 meses sin aumento.

Por ese motivo hay expectativas de lo que pudiera ocurrir en las próximas semanas pero se anticipa que podría sobrevenir un conflicto si no se revé la negativa de noviembre pasado y los ediles mantienen su postura de intransigencia ante el nuevo pedido, que se reeditaría en el inicio del período de sesiones regulares del HCD, a fines de marzo próximo.

Desde el HCD se negó que hubiera entrado una nueva presentación de las empresas con el objeto de pedir aumento en el costo de los boletos. Si fuera efectuado, el procedimiento usual para que tomara estado parlamentario es que el presidente del Concejo, Franco Cominotto, oficializara su recepción y lo girara para su tratamiento a las comisiones de Infraestructura, por tratarse de un servicio público; de Hacienda, por tratarse de un cambio de tarifa; y de Legislación, donde se debería regular dicho aumento.

Antecedentes

La arremetida de las dos empresas por lograr un incremento en los valores de los boletos comenzó en enero del año pasado, cuando se reclamó el aumento del boleto escolar. Este pedido sería rechazado a fines de abril. Entonces, en mayo las empresas redoblaron su pedido para afrontar las cargas salariales.

La respuesta de los ediles locales se hizo esperar hasta julio, cuando advirtieron que el tratamiento legislativo para esa demanda sería extenso y detallado. Por eso se aprobó por unanimidad el pedido de informes efectuado por el concejal del PI, Gustavo Alvarez, y dirigido a las dos empresas y al Ejecutivo local. En los inicios de septiembre, ambas empresas habían respondido a este pedido, pero se aguardaba el del Ejecutivo municipal, que habría sido concluido a fines del mes pasado.

Ambas empresas fueron invitadas a justificar el aumento y a respaldar sus informes en septiembre de 2010 y a principios de octubre declararon su decisión de pagar los sueldos en forma desdoblada ante el aumento de insumos, el recorte de subsidios para combustible y el aumento de los salarios.

Como contrapartida, un informe del concejal Alvarez surgido por esos días que denunciaba un "crecimiento enorme" de las empresas en los últimos tres años fue lapidario para sus aspiraciones de lograr la suba.

Ante la indecisión evidenciada en el HCD, organizaciones estudiantiles de diversa extracción se sumaron a la oposición al aumento y decidieron materializarla con una marcha que tuvo lugar a fines de octubre. Días más tarde, los concejales fueron visitados por sindicalistas de la UTA en apoyo de los trabajadores para presionar por la demanda, aunque por esos días la mayoría de los ediles había anticipado su negativa que sería expresada por unanimidad en la sesión donde finalmente se trató el pedido de aumento, el jueves 11 de noviembre de 2010.