varias firmas olivícolas -fincas y hasta una aceitera- recibieron cartas documentos de un estudio jurídico de Santiago del Estero, en las que se las intima a liquidar los haberes adeudados a supuestos cosecheros que habrían estado prestando servicios en los emprendimientos.

Las firmas intimadas están radicadas en la ruta 33 y en cercanías de Compañía del Valle, la empresa que fue allanada por orden de la Justicia Federal de Chaco. Sin embargo, explicó Bibiana Marabini, de ASOLCAT, las personas que reclaman el resarcimiento no figuran en las bases de datos de trabajadores de las empresas olivícolas.

El temor del sector es, valiéndose de la intervención propiciada por la Justicia chaqueña, algunos estudios jurídicos foráneos comiencen "una cadena de demandas" que afecten la credibilidad laboral y productiva de la provincia.

En el caso de una carta documento a la que El Ancasti tuvo acceso, un supuesto empleado de una firma olivícola industrial -que no es la compañía allanada- reclama una indemnización de 10 mil pesos en concepto de las jornadas de cosecha "más daño moral y material y por discriminación sufrida". La misma empresa recibió siete intimaciones similares, pese a que como es una industria aceitera, no contrata cosecheros.

Esta grave situación fue planteada ayer durante una reunión de la mesa multisectorial olivícola. En el encuentro se plantearon además las dificultades que existen para conseguir mano de obra dispuesta a levantar la aceituna, situación que se complica ahora por el temor empresario a contratar a trabajadores de otras provincias, en virtud de estos antecedentes.

Myrian Juárez, titular del RENATRE, comentó que las entidades rurales acordaron pedir al Gobierno de la Provincia, a través de los funcionarios presentes, que "tome cartas en el asunto para volver a posicionar a Catamarca como una provincia seria desde el punto de vista productivo y laboral".