El juez los consideró "cómplices secundarios" del secuestro de los trabajadores de la empresa por "haber intervenido en carácter de directivos o personal jerárquico en los delitos de privación ilegítima de libertad agravada por su duración mayor a un mes y torturas cometidos en perjuicio de las víctimas".

"Se les endilgó haber prestado colaboración en las detenciones y posteriores traslados (de las víctimas) llevados a cabo por las fuerzas de seguridad y el Ejército, facilitando sus datos personales para así posibilitar sus efectivas capturas y los vehículos en los que luego fueron trasladados", dice la resolución.

El juez identificó a las víctimas como Avelino Bazán, Juan Bejarano, Venancio Cárdenas, Rubén Andrés Cari, Anastasio Colmenares, Bruno René Díaz, Efrén Guzmán, Cirilo Carlos Paredes, Santiago Quispe, Alberto Hugo Rodríguez, Mariano Rodríguez, Angel Ricardo Rozo, Mario Fernando Sosa y Alejandro Subelza. La nómina incluye también a Roberto Valeriano, Eleuterio Zapana, Luis Ramón Romitti, Alberto Aramayo, Carlos Antonio Jiménez, Venancio Cardozo, Faustino Farfán, Bernardo Vázquez, Fausto Calapeña, Reinaldo Aguilar, Martiniano Espinoza, Manuel Bautista González, Demetrio Erdulfo Mendoza, Roberto Quiroga, Roberto Troncoso y Juan Carlos Ovalle.

Todos ellos "fueron trasladados luego de ser detenidos ilegalmente -la mayoría en la localidad de Mina Aguilar- a la ciudad de San Salvador de Jujuy, quedando alojados en la Unidad Penal de Villa Gorriti del Servicio Penitenciario de la Provincia". En su fallo, el juez explicó que "es partícipe quien colaboró o cooperó de alguna forma en el ilícito", aunque carezca "del dominio del hecho delictuoso".