En el marco de la judicialización del decreto presidencial 699 que establece la prórroga de la Promoción Industrial, el Consejo Empresario Mendocino (CEM), realizó un informe que “cuantifica los perjuicios ocasionados por la aplicación del régimen de promoción en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis que lleva más de treinta años”. De acuerdo con la investigación, el costo del régimen en el nivel nacional hasta el 2010 fue de 179.152 millones de pesos.

De acuerdo con el CEM, este monto equivale a tres veces la inversión promovida, por lo que “si el Estado nacional hubiera donado el dinero que se invirtió en los proyectos promovidos, el país en su conjunto hubiera ahorrado el equivalente a 120 mil millones de pesos”. Con este ahorro, los mendocinos señalan que se podrían haber construido aproximadamente 40 mil kilómetros de rutas o alrededor de 30 mil escuelas, mientras que estiman que cada nuevo puesto de trabajo costó al país 2,6 millones de pesos.

Particularmente, el informe elaborado por empresarios de la provincia que históricamente más se opuso a la Promoción Industrial, señala que “la pérdida total en términos de recursos fiscales para la provincia de Mendoza alcanza un valor actual de 10.288 millones de pesos de 2010. Con ello, se podrían haber construido en Mendoza aproximadamente 2.000 escuelas o 340 hospitales”.

A su vez, el documento expone que “el daño también es productivo. La pérdida para Mendoza en términos de actividad económica alcanza un valor actual de 62.224 millones de pesos, por lo que la pérdida económica total alcanza los 72.512 millones”.

“Las magnitudes de las cifras mencionadas permiten comprender el daño que ha significado este régimen de promoción para nuestra provincia y el país en su conjunto”, concluye el documento.

Una visión diferente

Sin embargo, Raúl Macaroff, uno de los referentes en Promoción Industrial en la provincia, afirmó a LA UNION que el costo real y fiscal de la Promoción Industrial en Catamarca por ejemplo, es cero.

De acuerdo con el especialista, si el Estado nacional no hubiera invertido, por dar una cifra mil millones de pesos, no existirían los factores de producción que le generen mil millones de pesos en impuestos.

Uno de los aspectos clave de este punto, según Macaroff, es que la Ley de Promoción Industrial establece que los beneficios impositivos sean para nuevas actividades agropecuarias, industriales o turísticas.

Por lo tanto, “el impuesto que generan los nuevos emprendimientos no existía antes. Y la clave radica en que después de que se termine la promoción, éstos subsistan en forma autónoma del beneficio fiscal”.

De esta manera, “ahí ya no habrá costos sino que habrá un beneficio fiscal, impuestos que se van a cobrar. Entonces, mi teoría es que con la promoción no existe un costo real efectivo para el país, es un costo ficticio, porque de no haber existido el régimen fiscal, no hubiera existido la fuente generadora de recursos fiscales”.