Incertidumbre y preocupación. Dos palabras que repiten los empresarios de Mendoza cuando se refieren al decreto 441 que el miércoles fue publicado en el Boletín Oficial y que permitirá que el Estado amplíe su participación en los directorios de empresas en las que la Anses tiene acciones. Por este motivo, tanto desde el Consejo Empresario Mendocino (CEM) como desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) se oponen a la norma y temen por sus consecuencias.

Aunque no hay empresas de capitales netamente mendocinos que puedan ser afectados por esta situación (pero sí existen varias subsidiarias de firmas nacionales con más del 15% de acciones de la Anses); el empresariado local teme por los antecedentes que pueda sentar esta acción o lo que ellos catalogan como una especie de "avanzada" contra el sector privado.

El decreto 441 publicado el miércoles permite que la Anses tenga una representación proporcional plena en los directorios de las empresas donde posee acciones. Hasta ahora, la presencia de los representantes del Estado estaba limitada a un 5% del capital accionario; incluso en los casos en que tuviera mayor participación real. Esa restricción del 5% operaba desde la vigencia de las AFJP y no se había modificado después de la reestatización del fondo de jubilaciones.

El objetivo declarado sería controlar mejor las ganancias de las empresas donde hay participación estatal pero los empresarios dudan de las segundas intenciones. Es que tanto desde la FEM como desde el CEM coinciden en que el Estado tiene derecho a defender sus expectativas accionarias pero no comparten el modo en el que lo realizan. El apuro del decreto y la intromisión que están teniendo los gremios en estas decisiones son elementos que suman a la inestabilidad y a la llamada "inseguridad jurídica".

Desconfianza por el apuro

Preocupado, Carlos Ostropolsky -presidente del CEM- comentó que la medida genera inseguridad. En primer lugar, porque se ha modificado una ley con el plumazo de un Decreto de Necesidad y Urgencia. "La verdad es que no entendemos cuál es la urgencia", sostuvo y agregó que ese es el punto que más suma para generar desconfianza entre los empresarios.

De acuerdo con su visión y la de sus colegas agrupados en el Consejo Empresario, una decisión de este tipo debió haberse discutido en el Congreso para poder otorgarle la legitimidad correspondiente y, de paso, evitar suspicacias e interrogantes acerca de lo que sucederá en el futuro con la clase empresaria.

"Creemos que el Estado tiene que cumplir con sus funciones ineludibles de salud, educación y seguridad. No entendemos por qué desea convertirse en un Estado empresario", sostuvo Ostropolsky. Y fue más allá al señalar las falencias y carencias que se observan en las tres áreas mencionadas.

Para el representante del CEM existe un andamiaje jurídico y legal para controlar a las empresas en general y también a las que poseen acciones estatales. Por este motivo, no comprende esta especie de modificación "extraordinaria" a partir de un decreto. En realidad, enseguida aparece la duda y se pregunta "cuál es el verdadero motivo y hasta dónde se quiere llegar". "Tener de socio al Estado genera desconfianza y uno no puede evitar pensar en ciertas experiencias chavistas de intromisión en las empresas", agregó el empresario.

En este sentido, Ostropolsky coincidió con su par de la FEM al notar cierto avance contra el sector privado. "Uno puede leer esto con desconfianza. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a tirar para abajo las empresas?", se preguntó. También se interrogó por el modo en que queda la institucionalidad del país y la manera en que posibles inversores pueden leer el hecho de derogar con un decreto y rápidamente una ley sobre un tema donde no se percibe urgencia aparente.

La intromisión de los gremios

Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) también criticaron con dureza la decisión del gobierno de aumentar su participación en las empresas que tiene acciones, debido a que "es muy grave porque atenta contra la seguridad jurídica", manifestó Adolfo Trípodi, titular de esta institución quien, además, agregó que el gobierno parece buscar "la estatización de las empresas privadas".

Trípodi se preocupó porque considera que "se está avanzando sobre la propiedad privada" y explicó que "tomar esta decisión en este momento es delicado debido a que Moyano quiere ocupar los puestos en el directorio de las empresas justo cuando estamos negociando paritarias".

Intranquilo por la decisión, Trípodi considera que lo sucedido "es grave" porque cuando se efectuó la estatización de las AFJP se sabía que esto podía pasar y por eso se fijó un límite para que el porcentaje de acciones del Estado no superara el 5%, independientemente de la cantidad de acciones que tuvieran; pero ahora ese límite ha sido dejado sin efecto. "En algunas empresas como el Banco Macro, donde el 30% de las acciones está en poder de la Anses, podría darse el caso que la mayoría del directorio sea estatal", ejemplificó Trípodi.

Si bien para el titular de la FEM hay argumentos del gobierno que son válidos al momento de reclamar los puestos en los directorios, debido a que si son dueños tienen que defender sus intereses y ejercer sus derechos en función de su mayoría accionaria, considera que "esto no se había tratado legalmente y había habido un acuerdo del 5% de participación", subrayó el empresario.

Trípodi también se quejó de que Hugo Moyano, titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), le pidió al gobierno "que los lugares sean ocupados por los gremios". Para él, esto complica más todo "porque es el gobierno, son los gremios y estamos avanzando sobre la propiedad privada en un camino que es peligroso".

Para finalizar, el titular de la FEM fue lapidario al decir: "Parece que los empresarios somos don nadie. Insisto en que esto se hace en un momento complicado porque estamos negociando paritarias".