Fue la expresión del vice de la Unión Industrial, para referirse al monto salarial mínimo reclamado por la CGT y la CTA. Representaría una suba del 41 por ciento respecto del valor vigente. El Consejo del Salario aún no fue convocado.
Antes de realizar la convocatoria formal para discutir el SMVM, resta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, definan los lineamientos del Consejo para este año. Sin embargo, los funcionarios de la cartera laboral ya comenzaron los primeros contactos con empresarios y sindicalistas. La seguidilla de elecciones que concluyó el domingo pasado con las primarias despeja la agenda para que entre fines de agosto y principios de septiembre se organice el encuentro tripartito.
“Nosotros estamos lejísimos del aumento del 41 por ciento que plantea la CGT. Esa cifra fijaría un piso superior al de algunos convenios y podría provocar la reapertura de paritarias”, arremetió ayer el vicepresidente tercero de la UIA, Juan Carlos Sacco. Desde la cartera laboral desestimaron la argumentación del empresario gráfico y señalan que los mínimos de convenio de las ramas de actividad más grandes superan los 2600 pesos. No obstante, en el Gobierno barajan cifras inferiores a las que pretenden las organizaciones sindicales.
El vicepresidente de la UIA consideró además que “los aumentos ya fueron demasiado. Estamos muy por encima del resto de Latinoamérica en los salarios medidos en dólares”. En la CGT cuestionaron las declaraciones del empresario y destacan la mejora sistemática del SMVM desde 2003. A lo largo de los últimos ocho años el piso salarial subió 820 por ciento. A su vez, desde la central sindical enfatizan la relevancia de mantener su valor actualizado.
La proporción de asalariados con remuneraciones inferiores al salario mínimo osciló entre 17 y 18 por ciento a lo largo de los últimos cinco años. En 2010, el nivel del SMVM se ubicó cerca del 60 por ciento del salario promedio de la economía. Fernando Groisman, especialista en temas laborales del Conicet, considera que “un tercio del total de asalariados estaría expuesto a los posibles efectos que tienen las modificaciones del salario mínimo”.


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