En todos los países, las reglas de juego de la economía sufren cambios sin que esas economías pierdan estabilidad institucional, porque son predecibles y porque se adoptan luego de mucho estudio y de largas discusiones. Los institutos de investigación sobre políticas públicas y los centros de pensamiento de las universidades, de los partidos políticos y de las corporaciones empresariales y sindicales tienen oportunidad de aportar sus opiniones y propuestas. Y todo ese material brinda elementos para una discusión constructiva.

Pero cuando las reglas de juego de la economía cambian, inesperada y arbitrariamente, sin estudio ni discusión previa, y no son adoptadas en los ámbitos jurisdiccionales en los que la Constitución Nacional establece que deben serlo, comienza a reinar la inseguridad jurídica y se eleva al máximo "el riesgo regulatorio" que miden los inversores.

Esto no ocurría entre 1991 y 2001. Ese período se caracterizó por la discusión en el Congreso Nacional, precedida de muchos estudios e investigaciones, de todas las leyes que dispusieron cambios importantes en las reglas de juego de la economía. Desde la ley de convertibilidad, sancionada en marzo de 1991, hasta la ley del déficit cero, sancionada en agosto de 2001.

Entre esas dos leyes, se discutieron en el Congreso Nacional la ley de consolidación de pasivos; la ley de reforma previsional; la ley de administración financiera; las leyes que pusieron en vigencia los pactos federales fiscales y la transferencia de servicios y de recursos a las provincias; la ley de hidrocarburos y de reorganización y privatización de YPF; las leyes de reorganización de los sistemas eléctrico y del gas natural; las leyes que impulsaron reformas laborales; la ley de competitividad, de abril de 2001; la modificación de la propia ley de convertibilidad en junio de 2001 y muchas otras normas que llegaron a conformar las por aquel entonces elogiadas y hoy demonizadas "reglas de juego de los años 90".

El año bisagra

Todo ha sido diferente desde 2002 en adelante. Comenzando con la verdadera derogación del régimen de convertibilidad, que no surgió de la discusión en el Congreso Nacional de las modificaciones a esa ley, sino de los varios decretos de necesidad y urgencia dictados a partir de febrero de 2002; en particular, el que dispuso la transformación compulsiva a pesos de todos los contratos que habían sido pactados en dólares.

En aquella oportunidad, muchos empresarios que se beneficiaron con la pesificación de las deudas en dólares no sólo no criticaron, sino que aplaudieron esta modificación arbitraria, injusta y anticonstitucional de las reglas de juego vigentes.

Por entonces, esos empresarios creían que los cambios perjudicarían sólo a los ahorristas y a quienes habían invertido en los sectores de infraestructura y en los servicios públicos privatizados. Pero, lamentablemente, ése era sólo el comienzo de una tendencia que cada vez cobraría más víctimas entre quienes tienen que decidir inversiones.

La decisión de utilizar el porcentaje accionario que antes tenían en forma dispersa los fondos de jubilaciones y pensiones (las AFJP), y que ahora están en manos de la Anses para politizar los directorios de empresas privadas que cotizan en bolsa, es sólo la última de una tendencia iniciada en 2002. Esta tendencia incluyó, entre otros, la instalación de las arbitrarias retenciones a las exportaciones agropecuarias, las limitaciones para exportar e importar, los controles de precios, la estatización de los fondos de los futuros jubilados y el manejo arbitrario de los recursos públicos para controlar políticamente a las provincias, a los municipios y a medios de comunicación social.

Lamentablemente, en la Argentina no sólo ha desaparecido la estabilidad de precios, sino que los potenciales inversores sufren la peor de las inestabilidades, aquella que hace impredecibles las reglas de juego y eleva el riesgo regulatorio a niveles inhibitorios de la inversión de largo plazo por parte de los empresarios privados.

La gente comenzó a extrañar la estabilidad de precios de los 90 hace ya varios años, algo que no parece afligir mucho a quienes aún consiguen financiamiento a tasas de interés negativas.

Pero era hora de que los empresarios comenzaran a extrañar el clima de estabilidad institucional de la década anterior, que si bien era exigente, los obligaba a competir, y no les ofrecía tasas de interés negativas, al menos, les aseguraba que no se producirían cambios inesperados e impredecibles, capaces de echar por la borda el esfuerzo de inversión y el consiguiente aumento de la productividad.