A fines de la semana pasada, el referente de los vendedores ambulantes que invaden día a día el microcentro capitalino, Claudio Robledo, afirmó que se presentarían en la justicia con el objeto de apelar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en el cual se dispuso la inmediata erradicación de los trabajadores informales de los espacios públicos, claro que dicha resolución no se cumplimenta desde su dictado, allá por el año 2006.

Por esta razón, y ante una mora evidente por parte del municipio de San Miguel de Tucumán en avanzar con el desalojo de los cuentapropistas, pese a los innumerables operativos llevados a cabo a lo largo de todos estos años que finalizaron en un rotundo fracaso, desde la Federación Económica de Tucumán (FET) reclamaron que esta situación debe ser resuelta "de una buena vez" de modo tal de evitar mayores dilaciones que complican al comercio legal en razón de una competencia desleal.

De acuerdo a lo sostenido por el presidente de la entidad aludida, Raúl Robín, "la provincia tiene que hacer cumplir la ley y la resolución judicial que data desde el 2006, en donde se establece que se debe dejar sin efecto el comercio ilegal que se instauró en el centro, y esto debe darse de manera inmediata, no podemos seguir esperando más tiempo", recalcó.

En este sentido, advirtió que de no avanzar con la expulsión de los ambulantes, las autoridades tanto municipales como provinciales "estarán siendo funcionales con una competencia desleal para con el comercio registrado".

Seguidamente, Robín señaló que es la administración provincial la que debería demostrar una mayor preocupación por acatar lo emanado desde los estrados judiciales ya que la instalación de los puestos callejeros resulta contraproducente para la aplicación de políticas tributarias y recaudatorias. Para justificar su argumentación, el titular de la FET aclaró que "es el comercio uno de los principales sostenedores de las arcas y las finanzas del gobierno", por lo que las medidas tendientes a brindar soluciones "tienen que salir lo antes posible", reiteró.

Vale recordar que la resolución dispuesta hace ya seis años por los camaristas Salvador Norberto Ruiz y Horacio Ricardo Castellanos exige que el municipio, a través de las autoridades y reparticiones pertinentes, "cese en la omisión de hacer cumplir las ordenanzas municipales debiendo garantizar y hacer efectiva la libre circulación de los ciudadanos por las calles y peatonales del ejido municipal", en cumplimiento a lo establecido por el Código de Tránsito Municipal, en cuyo artículo 54 especifica: "Las aceras deben permanecer libres de ocupación de grupos de personas, vehículos, cosas u objetos que obstruyan, perturben o dificulten el tránsito de peatones".

Más allá de lo determinado judicialmente, Robín hizo hincapié en la necesaria intervención del Concejo Deliberante capitalino con el objeto de reglamentar, normativas mediante, la liberación de las zonas afectadas por la venta ambulante en la Ciudad. De este modo, el empresario instó al órgano deliberativo a que "implemente ordenanzas municipales, porque no puede ser que venga cualquiera (sic) y se ponga a vender en las puertas de los negocios. No podemos soportar esta injusticia, ya que un comercio tiene que pagar costos de alquiler y demás normas de promoción comerciales", adujo.

Propuesta elevada

Justamente, y a modo de coincidencia en este aspecto, los vendedores representados por Robledo también se encuentran a la espera de respuestas a un requerimiento elevado hace ya varios meses al Concejo en el que estipulan la sanción de una norma que posibilite la normalización de la actividad que desarrollan en calles y peatonales céntricas, por lo que para efectivizar tal labor, requirieron a los ediles la elaboración de un registro de trabajadores que se desempeñan en la informalidad como así también dejar establecidas las características de los productos que pueden ser comercializados por los cuentapropistas.

Paralelamente, entre una de las propuestas consignadas se encuentra aquella relacionada con la homologación de la venta de productos regionales, las denominadas "novedades" a lo que se agregan artículos específicos y promocionales que serán brindados a los turistas para fechas especiales. "Nosotros lo que queremos es trabajar, buscamos locales donde poder trabajar pero no conseguimos nada, el proyecto que presentamos incluye a los 115 vendedores que represento" indicó Robledo, agregando que con esto se pretende normalizar y controlar la actividad disponiendo la cantidad de ambulantes por cuadra (alrededor de ocho) y los productos que serán exhibidos.

A su vez, desde el sector, solicitaron mantener una reunión con autoridades del municipio y la FET para establecer una suerte de mediación que les permita permanecer en el microcentro hasta pasada la fecha de Reyes, el seis de enero próximo, contexto que se repite año tras año.

Ante dicho planteo, por lo menos desde el ala empresarial ya dejaron en claro que no aceptarán sentarse a la mesa de negociaciones. "Bajo ningún punto de vista negociaremos con personas que no se encuentran regularizadas bajo una representación gremial sin reconocimiento alguno. No hay razón para avalar su instalación que redunda en una afectación para nuestro rubro laboral, que sí se encuentra debidamente normalizado, para ello pagamos nuestros impuestos como corresponde", sentenció Raúl Robín.