Tanto Covelia SA, la recolectora de residuos que fue vinculada al líder de la CGT, Hugo Moyano, como Glisud SA, la compañía fantasma que compró propiedades del Fondo Residual del BTF a precios subvaluados, fueron fundadas por la misma persona. Se trata de una anciana de la que se sospecha que usaron su nombre para crear cientos de empresas dedicadas a presuntas maniobras delictivas. Ambas firmas comparten el mismo modus operandi. La Justicia fueguina sigue sin avanzar en el caso de Glisud.
Es que EDFM confirmó ayer que la empresa Covelia SA, a la que se investiga en el país europeo por “movimientos injustificados de importantes sumas de dinero”, fue fundada por la misma persona que creó Glisud SA, la sociedad fantasma que se dedicó a comprar a precios subvaluados y en bonos, varios juicios hipotecarios que se encontraban en el Fondo Residual del Banco de la provincia, durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti y del ex vicegobernador Daniel Gallo.
Se trata de Máxima Amanda Correa, una mujer de 69 años vinculada a la creación de otras decenas de compañías, de quien se sospecha que en realidad usaron su nombre para encubrir maniobras ilícitas.
De hecho, el otro punto en común entre Covelia y Glisud son los escribanos que participaron de la constitución de las sociedades. Tanto Horacio Geller Gorodisch (en Glisud) como Rubén Oscar Erviti (en Covelia) fueron destituidos del cargo y se les canceló la matrícula por prestarse a este tipo de maniobras.
Por otra parte, tanto en la compañía que investiga la justicia suiza como en la que se encuentra en la lupa de la justicia fueguina, se utilizó el mismo modus operandi fundacional. Es decir, las empresas aparecen creadas por personas indigentes, desligadas del mundo empresarial, y al poco tiempo fueron transferidas a quienes tenían intereses reales en su funcionamiento para prestarse a algún tipo de negociado.
Contratos basura
Covelia SA es la empresa “más importante en el millonario mundo de la basura”, describió la periodista Alejandra Dandan en el diario Página 12, el 27 de mayo de 2008.
Allí se menciona que la compañía mantenía contratos con varios de los principales municipios del conurbano bonaerense, entre ellos San Miguel, Merlo, Lomas de Zamora, San Martín, Escobar y Tres de Febrero.
El artículo periodístico hace hincapié en que pese a ser una de las empresas más prósperas de Buenos Aires, su vicepresidente, Marcelo Arenales, vive en un barrio pobre de Ingeniero Budge. Y que, entrevistado por el diario, vestido de remera Adidas y pantalón corto, Arenales negó cualquier vinculación con la firma.
Ya en 2008 se sospechaba que detrás de Covelia había otras personas. “De acuerdo con las denuncias de los intendentes del conurbano, cuando hay un conflicto con la empresa siempre aparece detrás la figura de Pablo Moyano, secretario general de Camioneros e hijo del actual titular de la CGT”, indica la nota aunque aclara que “no hay papeles que acrediten vínculo alguno entre Moyano y Covelia”.
La semana pasada, cuando trascendió que la investigación suiza contra Covelia involucraba a Moyano padre e hijo, se produjo una reacción sindical de tal magnitud que estuvo a punto de realizarse un paro general en apoyo al líder camionero.
La embajada helvética tuvo que aclarar en un comunicado que la investigación era “contra personas desconocidas”.
Lo que Suiza no negó, es que el 24 de enero de este año, el Chartered Bank puso en conocimiento de la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueo de Dinero (MROS) análoga a la unidad antilavado de la Argentina, acerca de movimientos sospechosos en la cuenta 25491 "Pueyrredón". La MROS giró el material a la justicia en Ginebra y ya en sede judicial se bloquearon los 1.874.806,30 dólares depositados en la cuenta y se envió el exhorto a la Argentina para obtener más datos sobre sus supuestos titulares, según informó en días sucesivos el diario La Nación.
Los dueños de la cuenta bancaria resultaron ser Ricardo Depresbiteris y Marcela Mete, directores de Covelia SA.
Feliz coincidencia
Según el expediente de la Inspección General de Justicia citado por Página 12, Covelia se fundó el 28 de octubre de 1999. Correa, la misma mujer que creó Glisud, asumió la presidencia y el mencionado Arenales (vecino de Ingeniero Budge) tomó la vicepresidencia.
Pero Correa dejó el directorio a poco de empezar: se desvinculó un mes después, el 29 de diciembre, y en su lugar asumió Marcelo Fabián González, casado con Claudia Depresbiteris, integrante de la misma familia que ahora investiga la justicia suiza.
En el caso de Glisud SA, Correa tampoco duró mucho. La empresa se constituyó el 4 de octubre de 2002, y a poco de comenzar 2003 (último año de Carlos Manfredotti y Daniel Gallo al frente del gobierno fueguino) fue transferida a Enrique Rolando Pinto y Melina Tamara Solari. Pinto está registrado en la AFIP con una actividad sugestiva: “servicios de astrología, espiritismo, agencias matrimoniales, servicios de acompañantes”, entre otras. Solari fijó domicilio en una propiedad de Buenos Aires que, según fuentes de la causa judicial, pertenecería a Gallo.
Arenales, el fundador de Covelia, creó 94 compañías entre 1999 y 2008. En muchas de ellas su socia fue Correa, la misma de Glisud.
La empresa fantasma que tuvo intereses en Tierra del Fuego fue creada por Correa y por Ilda Bellusci, otra mujer de 87 años. Entre 2002 y 2007, Bellusci creó además 144 sociedades anónimas que no tuvieron ningún movimiento económico hasta el momento de ser transferidas a terceras personas.
El fantasma Glisud
La actividad de Glisud tiene otros aspectos tragicómicos. Uno de los primeros domicilios legales de la sociedad fue fijado en un lugar de Capital Federal donde funcionaba un prostíbulo, y cuyas líneas telefónicas figuraban a nombre de Graciela D´adamo, apoderada de la firma. Los mismos teléfonos también se publicaban en el diario Clarín para promocionar servicios sexuales.
D´adamo, que había asesorado a Gallo en la Legislatura durante los años 2001 y 2002, es la que se presentó en nombre de Glisud a la licitación pública donde el Fondo Residual vendió los créditos de Maria Cristina Mitrovich, Abel Zanarello y Pantaleón Celano, en diciembre de 2002.
La mujer ofertó 1,1 millones de pesos a pagar con bonos por entonces defaulteados que tenían un valor real de 260 mil pesos, mientras que otro oferente ofrecía 600 mil pesos en efectivo. El crédito, sin embargo, le fue adjudicado a Glisud.
Pese a todo, las causas penales donde se investiga el accionar de la firma no registran avances significativos en el ámbito provincial. En la causa N°16787, el juez Javier De Gamas Soler había dictado el sobreseimiento de todos los imputados en primera instancia, pero la Cámara de Apelaciones dictó la nulidad de ese fallo y dispuso la reformulación del requerimiento fiscal, para continuar con la investigación.
En esa línea, es que el juez resolvió volver a indagar a los sospechosos, entre quienes se encuentran el ex administrador del Fondo Residual Gustavo García Casanovas, algunos empresarios y dos ex apoderados de Glisud, la contadora D´adamo y el abogado Francisco Martin Grondona.
Por su parte en Buenos Aires se aguarda el juicio oral y público en una causa paralela donde varios de los acusados de concebir una maniobra para despojar de 100 hectáreas de terreno rural en Tolhuin al ciudadano Víctor Tela, son los mismos que habrían participado de los desmanejos con Glisud.
Todo ello, mientras la justicia suiza intercambia información con sus pares argentinos para desentrañar si Covelia también pergeñó negociados similares que terminaron con dinero girado al exterior. Toda una coincidencia.
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