La vocal del Tribunal de Contralor, Nora García, fue socia gerente por 24 años de la empresa constructora Sergas SRL, pero a dos meses de asumir en el organismo de control cedió las acciones de la firma. Los beneficiarios del traspaso fueron sus hijos.
Nora García, integrante del Tribunal de Contralor
Foto 1 de 2: Nora García, integrante del Tribunal de Contralor
Nora García accedió a su cargo en el Tribunal de Contralor, como candidata de la UCR, en las elecciones de julio de 2007, cuando Alberto Icare duplicó en votos al radical Hugo Castañón. El débil estado de salud del ex intendente le impidió reasumir el cargo, por lo que se llamó a nuevos comicios que terminaron con la victoria de Marcelo Cascón. Sin embargo, la conformación actual del Concejo Deliberante y del Tribunal de Contralor responde a la primera elección.
Tras conocer el resultado de los sufragios, y la inminencia de la asunción en el cargo en el Tribunal de Contralor -que se produjo el 10 de diciembre de 2007-, ante las limitaciones dispuestas por la normativa vigente a los funcionarios municipales, el 8 de octubre, Nora García y su marido, José Emilio Cavagliatto, cedieron las acciones de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Sergas, que conformaron en 1983. Pero la cesión no fue a extraños. La empresa Sergas continuó siendo un bien de familia, ya que los beneficiarios de la operación fueron sus hijos, Federico y Carla; situación que fue ratificada el 22 de noviembre por el Registro Público de Comercio.
Finalizado el vínculo legal formal -pero no familiar- con la empresa, Nora García comenzó a cumplir funciones como vocal del Tribunal de Contralor, órgano al que la Carta Orgánica le encomienda, entre otras funciones, controlar la legalidad del gasto del Municipio, prohibiendo que ocupen el cargo los “propietarios, directores, gerentes, administradores o mandatarios de empresas que celebren contratos de suministros, obras o concesiones con el gobierno nacional, provincial o municipal”.
También la Ordenanza 1040-CM-00 en su artículo 9, fija que están imposibilitados de contratar con la comuna quienes sean “integrantes de la Dirección de Suministros, de las comisiones de preadjudicación u oficinas de compras”. Nada regula sobre las empresas de familiares, por lo que un dictamen del por entonces Asesor Letrado de la comuna, Daniel Balduini, ratificó que “no existe incompatibilidad alguna” ya que “en la actualidad no hay relación existente, por lo tanto, la firma Sergas SRL puede ser contratista de este Municipio”.
Y así fue. En los tres años y medio en los que Nora García fue miembro del Tribunal de Contralor -desde diciembre de 2007 a la actualidad-, la empresa de la que fue socia gerente por 24 años y que cedió a sus hijos, cobró del Municipio al menos 1.065.843,71 pesos hasta junio de 2011. Más de la mitad de esa cifra, la percibió en el primer semestre de este año, y aún le restaba cobrar una deuda por 337.504 pesos, según los registros de la secretaría de Economía.
Durante la gestión de Marcelo Cascón como intendente la firma ganó numerosos concursos y licitaciones. En 2010, por ejemplo, se le adjudicó la primera y segunda etapa del sistema pluvial de Las Victorias (291.361 y 322.985 pesos respectivamente) y la extensión del pluvial en San Francisco del Cerro (143.988 pesos). Además, en las últimas semanas se le actualizaron valores de obras y se le adjudicó en un desprolijo e informal concurso de precios (con presupuestos pedidos en distintos días), el zanjeo de 6 kilómetros para frenar la potencial ratada en la ladera del Otto, por otros 99 mil pesos.
El Tribunal de Contralor forma parte de las autoridades que participan de los actos de apertura de sobres en los concursos y licitaciones, para constatar la legalidad de los proceso y la cumplimentación de la documentación requerida en los pliegos. Y la función de García dentro del órgano le permite acceder información sensible. De esta forma, el 27 de mayo de este año envió una nota a Compras y Suministros de la comuna –también firmada por la vicepresidenta del Tribunal, Edith Garro-, solicitando que se le informe si la empresa competidora con sus intereses familiares, NCC Construcciones SRL, “ha cumplido con la presentación del correspondiente Certificado Fiscal para contratar de carácter definitivo extendido por la AFIP, que le fuera requerido en los pliegos de las últimas licitaciones o concursos en los que se hubiere presentado”. Diez días antes, esa firmaa había ganado un concurso de precios para la provisión y colocación de 200 toneladas de asfalto caliente, por 345.118 pesos. La oferente perdedora de la compulsa fue Sergas.
Fuentes de la Secretaría de Economía confirmaron a ANB que en más de una oportunidad Nora García solicitó, en persona o vía telefónica, que Hacienda libere los pagos por los trabajos realizados por Sergas, situación que –junto a la investigación de la competencia desde su rol institucional- genera también desigualdad comercial con las otras firmas, más aún cuando la funcionaria tiene en su poder las herramientas que el cargo le habilita, como el inicio de juicios de responsabilidad contra miembros del Ejecutivo.
Esta situación es posible porque la ciudad aún no avanzó en la sanción de una adhesión a la Ley de Ética Pública provincial, o en el tratamiento del proyecto presentado en 2009 por el concejal Daniel Pardo –y que continúa en comisiones-, que entre otras regulaciones determina que los funcionarios deben “abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas atinentes a la función pública”.
Además, el proyecto fija una incompatibilidad para ocupar cargos públicos a personas que, hasta el tercer grado de parentesco, estén vinculados a contratistas del Estado hasta un año previo a asumir en la función. Paradójicamente, en caso de aprobarse, será el Tribunal de Contralor, del que Nora García forma parte, el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza. (ANB)
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