Empiezan a debatir proyecto para expropiar y crear complejo habitacional en Abasto

Empiezan a debatir proyecto para expropiar y crear complejo habitacional en Abasto

A pedido del vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, esta semana ambas cámaras legislativas comenzarán a tratar el proyecto de ley que busca expropiar el terreno de calle 520 y 214, con el objetivo de realizar en el lugar un complejo, que absorba el déficit habitacional de las familias de Abasto que días atrás habían tomado el lugar.

La iniciativa que es promovida por el senador platense Emilio López Muntaner, es respaldada por el Vicegobernador Mariotto y cuenta con el apoyo diverso sectores de la política local, tales como la Juventud Radical Popular y el Partido Obrero, quienes se expresaron en favor de la expropiación y el desarrollo urbanístico del lugar.

“Vamos a trabajar esta semana para que avance en el Senado un proyecto de expropiación de las tierras, que conlleva la construcción de un complejo habitacional en el lugar”, dijo Mariotto en diálogo con la prensa, sobre la iniciativa legislativa.

Concretamente, en su artículo 1 y 2, la iniciativa declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en las intersecciones de las calles 520 a 530 y de 213 a 217 de la localidad de Abasto”, los cuales, “serán destinados al desarrollo de planes de vivienda, teniendo en cuenta a sus actuales ocupantes”.

En ese marco, promueve indemnizar a los legítimos propietarios de acuerdo al valor del bien expropiado, y vender los terrenos a las casi 750 familias que ocuparon el lugar la semana pasada, y que fueron brutalmente reprimidos por personal policial durante el desalojo ordenado por el Juez Penal de La Plata, Pablo Raele.

La iniciativa que buscará avanzar esta semana en la legislatura provincial, tiene previsto que los ocupantes deberán saldar en cuotas mensuales “que no podrán exceder el 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil”, y en un plazo no menor a diez años y no superior a veinticinco, el monto de las tierras de Abasto al estado provincial.

En la norma se destaca así mismo que “los bienes expropiados se destinarán a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los actuales ocupantes, no debiendo éstos ser propietarios de otro inmueble”.

Frente a esta iniciativa y la tensa situación vivida la semana pasada entre los ocupantes y el personal policial que intervino en el desalojo, desde la Juventud Radical Popular se repudió que “tras la reforma del Código de Ordenamiento Urbano propuesta por el intendente Pablo Bruera y avalado por el Concejo Deliberante, se ha dado pista al sector inmobiliario y de la construcción para que dispongan de nuestro territorio y hagan lo que les resulte beneficioso, dejando a la comunidad en una situación de desamparo ante la falta de planificación y responsabilidad social″.

En ese marco, reclamaron que “las tierras sean expropiadas y se planifique la construcción de un barrio con los servicios públicos garantizados, dando a la comunidad un lugar digno donde vivir y criar a sus hijos, ofreciendo tierra, techo, salud y educación para todas y todos”.

En simular reclamo se expresaron desde el Partido Obrero de La Plata, quienes estuvieron acompañando en todo momento el reclamo vecinal por la tenencia de la tierra, y en contra del desalojo.

“Es necesario un verdadero plan de viviendas para el conjunto de los trabajadores, en La Plata y en toda la provincia de Buenos Aires. Se pueden tomar medidas inmediatas, comenzando por la expropiación de toda tierra ociosa, por parte del estado, y comenzar un plan de construcción genuina de viviendas”, sintetizaron en un comunicado.

En esa línea, anticiparon una jornada de reclamo para este miércoles en la legislatura donde se “rodeará” el edificio de calle 7 y 51 para pedir por la expropiación de los terrenos para la construcción de un complejo habitacional “para los trabajadores sin techo”.

Estas obras, según plantean, deberían ser financiadas por “los pulpos inmobiliarios y grandes constructoras, quienes se han llevado ganancias siderales desde la década de los `90”, quienes “deben pagar ahora los impuestos pertinentes, para solventar el plan de obras necesario”.

 

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