Ante una sala llena de familiares y público en general, Lugones habló del daño "transgeneracional" de los delitos de lesa humanidad. Además se refirió a las torturas que sufrieron los detenidos - desaparecidos en los Centros Clandestino de Detención (CCD) y de las pésimas condiciones de vida.

Por su parte la abogada Vitar explicó detalles de la doctrina militar de la llamada "lucha antisubversiva" y que "se aplicó un plan de violación sistemática de los Derechos Humanos", refiriéndose al Operativo Independencia.

Vitar subrayó el papel de las tareas de inteligencia de las fuerzas de seguridad para la represión, sin dejar de mencionar a los civiles que desarrollaron tareas de inteligencia. No dejó de mencionar la apropiación de niños. "Azucena Bermejo de Rondoletto estaba embarazada de cuatro meses cuando fue secuestrada", dijo.

Además recordó testimonios de violaciones y violencia sexual. "Son delitos de lesa humanidad", destacó y agregó "los delitos sexuales son imprescriptibles, porque son de lesa humanidad".

Vitar detalló cómo funcionaban los centros clandestinos dentro de un circuito represivo. Expresó que el imputado Albornoz era el "amo y señor" de la Jefatura, cosa que el genocida negó con la cabeza.

En otro pasaje de su alegato recordó el relato de un gendarme sobre el fusilamiento de dos integrantes de la familia Rondoletto. "A uno de ellos lo quemaron vivo".

Vitar habló de las víctimas que representa mientras mostraba sus imágenes. "Esta es la foto de Enrique Campos. Las fotos tienen nombre e historia", dijo.

Los alegatos de la dupla Vitar-Lugones fueron cerrados con aplausos, que fueron tan emotivos que provocaron lágrimas entre los familiares de desaparecidos.

Las abogadas pidieron que las penas sean cumplidas de manera efectiva, en una cárcel común.

Solicitaron penas de prisión perpetua para la mayoría de los imputados.

Para los acusados Soto y Caballero, 20 años y que el escribano Juan Carlos Benedicto sea condenado a 15 años como autor material de tormentos a Adolfo Méndez.

El tribunal está integrado por los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas, Juan Carlos Reynaga y Hugo Cataldi. En el banquillo hay 41 imputados, de los cuales ocho han participado de las audiencias desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza y los restantes 33 lo hicieron en forma presencial ya 31 que ellos están en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza y dos cumplen prisión domiciliaria por razones de salud.

Los alegatos continuarán la próxima semana.