Después de muchas idas y vueltas respecto de la autorización del gobierno nacional a la Provincia para salir a tomar deuda en el exterior, se habría confirmado lo adelantado por el jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Sergio Kneeteman, en cuanto a que este año la administración macrista autorizará al gobierno provincial a tomar 250 millones de dólares, esto es un tercio del monto originalmente solicitado.

Habría en 2017 una segunda autorización, por otros 250 millones, pero sin fecha cierta.

La fecha para salir a buscar el financiamiento sería el miércoles 27 o el viernes 29 de octubre, de acuerdo a información extraoficial.

Claramente el monto de financiamiento externo al que accederá el gobierno provincial alcanzará para dar certezas al horizonte financiero de corto y/o mediano plazo, pero no para completar los planes previstos por la administración de Gustavo Bordet.

Con 750 millones de dólares el gobierno provincial podía disponer de la masa salarial de un mes (unos 2.500 millones de pesos) para normalizar el pago de los salarios; pretendía llevar adelante el rescate de las letras del Tesoro (unos 700 millones de pesos por lo menos); reformular el endeudamiento actual a corto plazo con mejores tasas de interés; distribuir un porcentaje de esa deuda para los municipios, según la ley recientemente aprobada por la Legislatura con apoyo de los legisladores de Cambiemos; y financiar obra pública.

Si bien el gobierno nacional autorizó endeudamientos a las provincias de Buenos Aires, Mendoza , Córdoba o Chubut, e incluso a municipios; en el caso de Entre Ríos tuvo una mirada restrictiva en cuanto al monto de la autorización.

Con el recorte del monto, una de las cuestiones más complicadas para el gobierno provincial será destinar el 16% del crédito a los municipios, que pueden tomarlo en las mismas condiciones que la Provincia, de acuerdo a una ley recientemente sancionada en la Legislatura provincial, respetando los porcentajes de coparticipación para distribuir el monto.

La forma de resolución de esta dificultad no aparece demasiado clara, dado que existe una ley sancionada; pero más allá del aspecto legal, las urgencias financieras de la Provincia son mayores que las de los municipios.