Dicen que recurren a CFK porque el gobernador Oscar Mario Jorge no recibió en audiencia al sector y porque se traba la información en el Instituto de Seguridad Social. Afirman que “este universo de jubilados es víctima inocente de las políticas neoliberales que en materia previsional rigieron la década del noventa y que aun subsisten en laprovincia con algunos retoques legislaivos recientes”.

Explican que la ley 1671 -la de Emergencia Previsional- incluía dos puntos que siempre resultaron cuestionados y que con el tiempo, fueron modificados: los requisitos para tramitar la jubilación y la determinación del haber inicial.

En la nota dice que “se unificaron en una ‘sumatoria de 95 puntos’ los requerimientos de edad y años de servicios con aportes, cifra mínima a alcanzar para iniciar el trámite. En ninguna otra provincia ni en el orden nacional rige esta lógica que encubre más de 35 años de aportes necesarios de los trabajadores pampeanos incluidos en este régimen para estar en condiciones de acceder a la jubilación”.

Por el segundo punto, “al aumentar un año más a partir de 10 iniciales, los años de salarios promediables para determinar el monto de la prestación, al año 2010 ya se necesitaban 24 años de salarios par configurar el haber inicial. El requisito de la sumatoria más la enorme cantidad de remuneraciones promediables puso al descubierto la lógica del sistema implementado, que no era que el de la jubilacion privada o régimen de capitalización para lo cual se dispuso que el haber inicial de un jubilado fuera el resultado del promedio de remuneraciones de toda su carrera”.

Además remarcan que los sueldos “más deteriorados” coinciden con la época del congelamiento de los mismos: básico exiguo, sumas no remunerativas y no bonificables, bonificación por antigüedad rebajada en 40%, mayores aportes de personal, entre otras medidas regresivas.

Reparación

Los jubilados sostienen que “son merecedores de una medida reparativa”, por la legislación regresiva que se les impuso. Para esto presentaron un proyecto el 11 de noviembre de 2010 para subsanar el deterioro. “Públicamente no hay argumentos en contra de la legitimidad del reclamo que ha sido manifestada hasta por los propios legisladores, consecuentemente debe interpretarse que hay un reconocimiento de deuda social para con este universo de trabajadores hoy jubilados”, señala la nota remitida a la Presidenta.

“Los expuestos son los motivos que nos animan a solicitar un tratamiento justo de las jubilaciones provinciales que se traduzca en igualdad de condiciones de los jubilados respecto del parámetro histórico que se toma para determinar el beneficio, que no es otro que la vinculación con el salario de los activos. Precisamente la ley 2587 al reducir a 10 los años promediables corresponde más acabadamente para el parámetro mencionado, razón por la cual hemos solicitado una medida legal similar en cuanto a la cantidad de años a considerar la que además deberá ordenar el recálculo del haber inicial de los beneficios otorgados durante el periodo cuestionado”,en referencia al tramo 1996-2010.

La nota sostiene que “los tiempos de los jubilados son perentorios y si se considera que como activos han transitado desde 1995 a la fecha un lapso signado por el ajuste y la pérdida de derechos laborales y previsionales, es tiempo de acudir con presteza a la solución del problema reconocido públicamente como una deuda pendiente”.