En ese momento explicó que la resolución apuntaba a “enfrentar la grave crisis económica y financiera que afectaba a la Nación y a las provincias”.

Durante esa sesión legislativa, previa al juramento, hubo dos situaciones que debieron sortearse, ante las diferencias de los diputados de los bloques del PJ -Lealtad y 17 de Octubre- y de la Alianza. Por un lado se pospuso la elección de las autoridades de la cámara y además la decisión de los radicales de no integrar las comisiones para recibir al reelecto gobernador fue revisada en ese momento por el diputado del PJ José Mayans.

El radicalismo había amenazado con no concurrir a la sesión legislativa al recordar que Insfrán fue reelegido tras presentar su candidatura en contra de lo que mandaba la Constitución provincial, según su visión.

Más allá del contexto histórico y luego de la crisis de 2001, la ley fue prorrogada año a año hasta llegar hasta nuestros días y a su respecto existen diferentes posturas: para el oficialismo, se trata de una de las leyes vitales para el fisco y la organización del Poder Ejecutivo, por lo que su prórroga sería necesaria para sostener el modelo provincial. Para la oposición, las facultades que la ley delega en el Ejecutivo deberían retornar a la legislatura.

Sin embargo, el solo hecho de continuar sosteniendo la normativa en el tiempo produce una ruptura con el “relato oficial” de crecimiento económico ya que el texto fue aprobado en un contexto excepcional en un marco de una crisis coyuntural.

A través de la Emergencia Económica que fue prorrogada, el Poder Ejecutivo puede renegociar contratos de servicios públicos, reordenar el sistema financiero, bancario y el mercado de cambios, entre otras cuestiones.

Y entre esas otras cuestiones, a través de los años han aparecido cooperativas que con la misma velocidad han desaparecido brindando servicios “tercerizados” al estado, sin relación de dependencia y que terminaban cuando finalizaba el objeto del contrato.

En muchas reparticiones estatales existieron y existen bolsones de precarización laboral, que adquieren diferentes formas de relación laboral (los contratados, mensualizados, monotributistas, bajo programas y prácticas rentadas y tercerizaciones); que tienen un denominador común: los trabajadores realizan la misma tarea que trabajadores de planta pero están contratados fuera de convenio, no tienen obra social, vacaciones, aguinaldo, asignaciones familiares, aportes jubilatorios, ni continuidad laboral asegurada, sus salarios en la mayoría de los casos están por debajo de la línea de pobreza y cobran sus sueldos con hasta seis meses de atraso.

En consecuencia, los “superpoderes” terminaron siempre siendo tan peligrosos como la misma crisis: bajo su amparo, han echado mano de medidas que a la postre tuvieron más que ver con la pérdida de derechos laborales y sindicales que con el sano anhelo de un gobernante de sacar adelante su administración, sin tener que esperar largos tiempos por perezosas discusiones en el Poder Legislativo.

La “emergencia económica” en su momento fue la que permitió realizar procesos privatizadores cuyas macabras consecuencias todavía no se terminan de remontar; la que viabilizó la salida de la convertibilidad, el corralito, el default, la devaluación, reducciones en salarios y jubilaciones, y tantas otras medidas económicas que finalmente redundaron en verdaderos desastres para el país.

Lo cierto es que la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa en su artículo 76, “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública”. En esos casos, lo que el Poder Ejecutivo decida debe tener un plazo fijado.

Sin embargo, a vista de esas experiencias, el gobierno provincial sigue insistiendo en una receta que sin resquicios comprobó ser perjudicial para los intereses de los ciudadanos.