Todo se aceleró a partir de la resolución firmada por un juez de Ejecución, que ratificó el derecho de los integrantes de la Asociación de accionar de manera individual, puesto que si bien el acuerdo firmado por el Gobierno podía entenderse como un hecho colectivo, los reclamos constituyen demandas individuales claramente identificables y por lo tanto puede demandarse su cumplimiento "individual o litisconsorcialmente".