Mediante un pedido de avocamiento, la Fiscalía de Estado solicitó a la Corte de Justicia salteña que se expida sobre el embargo y la inmovilidad que pesan sobre el avión sanitario de la Provincia, como consecuencia de un fallo dictado a favor de un empresario tartagalense.

Sin bien no contempla plazos, la medida interpuesta por la Fiscalía busca que el máximo órgano de Justicia provincial analice la causa y se expida al respecto, luego de haber fracasado los intentos por sustituir el bien embargado, atendiendo las necesidades de prestación de salud de la población.

Con este pedido interpuesto ayer por el fiscal de Estado Ricardo Casali Rey, la Corte deberá resolver primeramente la procedencia del avocamiento (analizar si corresponde o no) y luego expedirse sobre el embargo en cuestión y la inmovilidad de la nave ordenados por el juez civil de 5º Nominación, Federico Cortés.

Cabe recordar que el embargo sobre el avión se dictó como sentencia en el juicio iniciado por el empresario Ernesto Katz contra el Estado provincial en el año 2000, luego de ser víctima de los saqueos piqueteros en Tartagal. En aquel momento cerca de 20 empresarios fueron directamente afectados por los vándalos que destruyeron locales comerciales. Una pericia posterior de técnicos nacionales y provinciales determinó los montos de resarcimiento por los daños ocasionados por la turba. Todos los empresarios aceptaron el dinero ofrecido por el Estado, salvo Ernesto Katz, quien consideró que los daños sufridos en su propiedad eran cuatro veces superiores a los montos determinados por las peritos.

Instancia caducada

El juicio se inició entonces y, pese a que hubo fallos favorables al empresario, el proceso se mantenía vigente con apelaciones por parte del Ejecutivo, aunque, inexplicablemente, la Fiscalía de Estado dejó caducar la instancia sin mover expedientes en los últimos tres meses, por lo cual la Justicia determinó embargar el bien por un monto cercano a los tres millones de pesos. De esta forma la nave se encuentra inmovilizada y con guarda judicial en los hangares del aeropuerto “Martín Miguel de Güemes” desde los últimos días de septiembre. Pese a proponer la sustitución del bien embargado (algo que está contemplado en la sentencia), el Gobierno aún no pudo destrabar la medida judicial.

El propio gobernador Urtubey había advertido sobre los riesgo de la sentencia, ya que el avión sanitario cumple con unos 400 vuelos sanitarios por año, trasladando en forma urgente a pacientes en riesgo hacia centros de mayor complejidad.

Es por ello que el Gobierno habría ofrecido sustituir el bien embargado por un inmueble que está ubicado en Av. Belgrano al 1300, por un monto superior al del avión (7 millones de pesos), pero no hubo respuesta positiva del juez.

Sobre esta situación, fuentes consultadas por El Tribuno indicaron que esto se debe a que, siendo Katz el beneficiario del embargo, el juez Cortés está obligado a consultar al empresario sobre la propuesta del Gobierno. Esto derivó en pedidos de Katz a través de su abogado, para verificar si efectivamente la nave cumple con un fin sanitario social, razón por la cual el avión aún permanece embargado e inmovilizado.