Tras varias idas y vueltas, la iniciativa oficial para modificar el Ministerio Público Fiscal logró ayer la media sanción en Diputados.

La principal traba era la frase de un artículo que abría la posibilidad de centralizar la información de casos judiciales, algo que la UCR accedió a eliminar, finalmente.

Horas antes, el procurador general, Alejandro Gullé, había propuesto reformar la frase de la polémica que prohibía a los fiscales dar información a la prensa y dejaba esta tarea a cargo de una oficina de prensa que va a crearse.

El Sindicato de Prensa analizó la propuesta pero rechazó la posibilidad para pedir que el artículo quedara como en la original ley 8.008, sin ningún intermediario. 

“Si lo otro era una censura al cien por ciento, esto es algo que deja abierta una ventana”, opinó la representante Marisa Carrizo sobre la opción. El tema también había tomado relevancia con el ataque y muerte de tres muchachas en los últimos días (ver aparte) y el tratamiento informativo que se hizo de los casos. 

El polémico artículo había sido rechazado previamente por dos entidades nacionales ligadas a la prensa: el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que agrupa a periodistas, y Adepa, que reúne a diarios de todo el país.

En la Legislatura, el sindicato se reunió antes de la sesión con el PJ y allí los legisladores del bloque acompañaron la crítica. En palabras de Jorge Tanús, el filtro “ya está pasando. Es un hecho consumado que intenta legalizarse y que genera más problema porque no hay independencia de poderes”.

Por otro lado, el PD ya había adelantado que, pese a ser parte de la alianza oficialista, no acompañaría el proyecto tal como estaba.

Algunos rumores indicaban que la UCR podía retirar completamente la oración de la discordia. La confirmación llegó en la sesión cuando Jorge Albarracín, presidente de una comisión que lo trataba, aseguró que el artículo 7 iba a quedar prácticamente igual a la ley original. 

Los únicos cambios son el agregado del adjetivo Fiscal después de la palabra Ministerio y una corrección de la ley original donde faltaba un verbo. Tras leerse con cuidado, los opositores concordaron aprobar la medida. 

Varios celebraron la decisión y comenzaron las especulaciones sobre por qué el oficialismo no avanzó aún teniendo los números suficientes y con la importancia que le había dado al punto.

Entre ellas estaban las quejas formales de Fopea y Adepa, el temor de que algún aliado además de los demócratas no acompañara y la amenaza de ir a la Justicia si se avanzaba. 

Consultado, Albarracín dijo que el cambio lo habían decidido por la opinión del procurador general y por el rumbo del debate: “Habiendo tenido un consenso tan amplio no era conveniente que se centrara todo en algo que no era lo central. Puede haber sido un punto importante pero no era el corazón del proyecto”.

Ya en la sesión muchos hablaron sobre el proyecto. Por ejemplo los bloques del PD y el Pro, aliados de la UCR, defendieron la iniciativa ya sin la oración polémica. El FpV aprovechó para remarcar el trabajo de casi un mes en el que se tomaron varias de sus propuestas.

El FIT se opuso porque “hay un fortalecimiento del carácter represivo del Estado”.

El proyecto pasa ahora para su tratamiento a la Cámara alta. Como las comisiones de ambas Cámaras han trabajado juntas se estima que no habrá modificaciones y el tratamiento será el martes que viene o cuando mucho una semana después.

Puntos clave

El ministerio pasa a llamarse Ministerio Público Fiscal. Otra ley creará el Ministerio Público de la Defensa. 

A cargo del procurador general sólo quedan los fiscales, ya no los defensores oficiales.

El organismo tendrá autonomía financiera y elevará un presupuesto a tratar en la legislatura.

Una vez al año el procurador general presentará ante la comisión bicameral de Seguridad objetivos y resultados.