En un clima en principio adverso, el Gobierno provincial envió ayer a la Legislatura la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge con un objetivo político: que sea aprobado antes de diciembre que es el mes en el que gobernador Celso Jaque terminará su gestión. En pleno año electoral, la oposición anticipa que habrá dificultades para avalar la iniciativa y que las diferencias se darán principalmente entre los legisladores que pertenecen a distintos departamentos identificados como "antimineros".

La decisión de firmar la DIA del proyecto de extracción de cobre y oro en Uspallata y enviarla a la Legislatura para su ratificación (que es el último paso previsto por la ley ambiental para que un proyecto se ponga en marcha) fue anunciada por el director de Hidrocarburos, Walter Vázquez y por el director de Protección Ambiental, Ricardo Debandi.

Al mismo tiempo y a puertas cerradas, el Gobernador habló en reunión de Gabinete de las dificultades que de antemano conoce puede tener la aprobación en la Casa de las Leyes. El proyecto cuenta con el rechazo de un sector de Uspallata y además, con dos presentaciones judiciales en su contra.

"Esto ha sido producto de gran trabajo en manos de profesionales integrados en la Ceiam (Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera) en un proceso que duró dos años y se llevó a esta declaración donde se ha hecho mucho hincapié en la protección de la calidad del agua. Es importante destacar que ha sido emitida con condicionamientos", aseguró Vázquez.

En tanto, Debandi, quien habló en lugar del secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, (que ha tenido discrepancias por este asunto con Vázquez) anunció la creación de una agencia de protección ambiental.

Pero el encargado de buscar consensos en la Legislatura será el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús. "El proyecto ingresará primero por la Cámara Baja y sabemos que por el año electoral todos los temas son complicados, ni siquiera hemos podido sacar Impositiva aprobada", se quejó Tanús. "Nos gustaría poder tener el aval al proyecto antes de fin de año", reveló.

Pero, como bien sabe el oficialismo, en la oposición encontrará resistencia. "Es un tema muy sensible a la opinión pública y habrá que estudiarlo intensamente", sostuvo el presidente del bloque radical, Andrés Marín. Según acordaron los legisladores con antelación, la Declaración de Impacto Ambiental pasará al menos por tres comisiones: Ambiente; Economía y Hacienda; y Presupuesto, esta última principalmente porque Jaque tiene previsto enviar acuerdos complementarios vinculados a la financiación que tiene que hacer la empresa minera en la zona.

El PD no se conformará sólo con eso. "Queremos esperar a la resolución de la justicia sobre las dos presentaciones que se hicieron en contra de la empresa y del Ejecutivo", avisó el jefe del bloque demócrata Aldo Vinci. En la Justicia civil está el amparo presentado por un particular y en el fuero penal, una denuncia de la ONG Oikos Red Ambiental contra la empresa por falsedad ideológica y contra los funcionarios del Ejecutivo por incumplimiento de la función pública. El titular de esa organización, Eduardo Sosa, lamentó el envío del proyecto a la Legislatura: "Este proyecto llega para ser tratado con funcionarios denunciados en la Justicia y con un Gobierno que no escuchó el reclamo popular".

Pero tanto oficialismo como oposición saben que la puja trascenderá los partidos y los legisladores se verán condicionados por la postura que reine en cada departamento en particular, además de su propia consideración. En ese sentido, se presume que la opinión de los legisladores de San Carlos o General Alvear -por ejemplo- no es, en general, proclive a avalar emprendimientos mineros.