El gobernador Jorge Capitanich solicitó la nulidad de las modificaciones a la Ley de Etica Pública. Lo hizo mediante el Decreto 2025/09 del 2 de octubre, por el cual instruyó al fiscal de Estado, Osvaldo Simoni, para que «inicie en representación del Poder Ejecutivo Provincial y ante el Superior Tribunal de Justicia acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6137 (que modifica el artículo 1 de la Ley de Ética Pública) e interponga la medida cautelar de no innovar respecto a la aplicación de la normativa citada».

Vale recordar que la norma fue modificada el año pasado a instancias de la diputada Alicia Terada (ARI).

El texto reformado de la ley expresa la prohibición total para que en las publicidades oficiales aparezcan «nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos».

Mediante un comunicado, la legisladora indicó: «El objetivo de Capitanich sería permitir que las autoridades incluyan sus nombres en la publicidad oficial con fondos del Estado provincial, actos que justamente fueron expresamente prohibidos».

Luego agrega que es la «segunda vez que el gobernador pretende dejar sin efecto la modificación», y recordó que «la vez anterior la Legislatura denegó su veto total y ratificó la vigencia de la ley con el acompañamiento en el voto de los dos tercios de los diputados.