El Gobierno municipal salió al cruce de la gestión del edil Carlos Valeri (Frente Grande) como representante de la ciudad ante el Gabinete provincial, para la priorización de obras a financiar con el bono petrolero.

Lo hizo de forma cautelosa, a pesar del “enojo” que -fuentes del Centro Cívico- aseguraron causó en la Intendenta y sus principales colaboradores la información difundida por ANB sobre el rol del concejal y la legisladora Arabela Carreras en el armado del listado de obras para la ciudad.

“De acuerdo a la autonomía municipal consagrada por la Constitución Provincial, son las autoridades municipales electas las legitimadas para decidir cuál es el destino de esos fondos, y en su caso, cuál es la obra a llevarse adelante”, señaló el concejal Alejandro Ramos Mejía (Frente para la Victoria).

Para el edil, “esa decisión no puede ser condicionada por autoridad de otro Gobierno o estamento público”. Ramos Mejía consideró que “el único camino democrático y respetuoso de la voluntad popular es que quien está a cargo del Ejecutivo (en este caso Martini), sea quien decida cómo y dónde se debe destinarse el dinero”.

El concejal evitó referirse de manera directa al encargo del Gobernador Alberto Weretilneck a Valeri y Carreras para la conformación del listado de obras para Bariloche, y prefirió reclamar que la ciudad “reciba en fondos provinciales para obras, lo que tributa por impuestos provinciales”.

En ese sentido, finalmente explicó que “para hablar de obras, habría que requerir por las obras prometidas en 2012, presupuestas en 2013, del Fondo Sojero, que ni siquiera fueron ejecutadas en 2014”. Entre ellas mencionó “la toma de agua y la cisterna en el arroyo Casa de Piedra; los cuatro gimnasios prometidos de los cuales dos tienen aparentemente el expediente administrativo terminado; y los tres puentes con los que se 'perforaría' el Ñireco”.