Finalmente el Departamento Ejecutivo resolvió adjudicar a la empresa Global View el servicio de instalación y mantenimiento de videocámaras de vigilancia en la vía pública, con lo que puso punto final a un extenso proceso de licitación que ya llevaba más de un año.

La medida fue resuelta en las últimas horas a través de un decreto del intendente Gustavo Pulti, por el cual se aceptó la oferta realizada por la firma para colocar 65 videocámaras en distintos puntos de la ciudad y el partido de General Pueyrredon, cuyas imágenes serán monitoreadas desde el centro de control ubicado en la plaza España, donde también funciona el 911 y se controla a la flota de colectivos y patrulleros mediante GPS.

La adjudicación fue resuelta en el marco de una licitación que tuvo varias marchas y contramarchas. La de Global View fue la única propuesta que se consideró válida, aunque meses atrás una comisión evaluadora había desaconsejado la contratación por considerar que las videocámaras ofrecidas no reunían los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

Ante este dictamen, la compañía -que es la misma que presta el servicio en otras localidades de la provincia- pidió que la medida fuera reconsiderada, presentando para ello una serie de documentación para demostrar que los equipos sí disponían de la tecnología y las prestaciones exigidas por la comuna.

Tras aceptar los argumentos de Global View, la comisión rectificó su decisión inicial y aconsejó la contratación, la cual acaba de ser avalada por el intendente. Este no fue el único punto en torno al que hubo controversias. Semanas atrás el Ejecutivo había recibido advertencias de parte de algunos vecinos que adquirieron notoriedad en las movilizaciones ligadas a la seguridad, denunciando "excesos" en las cotizaciones de la empresa. Frente a este planteo, la gestión municipal le solicitó a la compañía que, antes de que se firme el contrato, certifique cuál es el precio que les cobra a otros municipios por el mismo servicio y que esa cifra sea ratificada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

Aporte directo de la Nación

La decisión de la comuna local de avanzar con la contratación del servicio de videocámaras se inició luego de que en 2009 la Nación aportara 13,8 millones de pesos para que, desde el mismo municipio, se pusieran en marcha algunas medidas tendientes a mejorar la seguridad ciudadana.

En este caso, la empresa debe proveer 65 videocámaras móviles junto al servicio de conexión y la instalación de los equipos de software y monitoreo. Además debe asegurar el servicio técnico y de mantenimiento por un período de 36 meses.

El presupuesto oficial es de casi 5,9 millones de pesos y la intención es que las videocámaras se instalen en distintos puntos estratégicos del ejido de Mar del Plata, así como en la zona urbana de Sierra de los Padres y en la localidad de Batán.

Se supone que una vez que el sistema esté en funcionamiento, podría ampliarse de manera progresiva el número de lugares monitoreados con la instalación de una mayor cantidad de equipos.

Aspectos jurídicos

en discusión

Junto a la decisión de adjudicarle a la empresa Global View la tarea de instalación y mantenimiento de videocámaras en la vía pública el intendente Gustavo Pulti resolvió modificar la ordenanza complementaria que había sido aprobada por el Concejo Deliberante para regular los aspectos jurídicos del sistema. La norma establece que los derechos sobre las imágenes pertenecen al municipio, pero al mismo tiempo determinaba que los terceros que quisieran acceder a ellas sólo podrían hacerlo mediante una orden judicial. El jefe comunal resolvió vetar esta última disposición introducida por algunos concejales en el recinto, dejándola sin efecto. Según le explicó a LA CAPITAL el concejal de Acción Marplatense, Héctor Rosso, en el caso de haber tenido vigencia, esta restricción habría limitado el uso de las imágenes registradas mediante las videocámaras en el caso de que fueran solicitadas por las fuerzas de seguridad u otro tipo de instituciones intermedias como ong's, foros de seguridad u asociaciones vecinales. Rosso subrayó que el sistema no tendrá como único objetivo el de la preservar la seguridad, ya que podría tener otra clase de aplicaciones, como el de controlar lugares donde haya concentraciones masivas de gente o verificar si se cumple con la frecuencia en la recolección de residuos, el servicio de colectivos o la ubicación de ambulancias o patrulleros. "Por eso el hecho de que esas imágenes sólo pudieran ser visualizadas por terceros a través de una orden judicial resultaba excesiva", comentó. No obstante, el concejal dijo sin que exista la necesidad de darle intervención a la Justicia, sería adecuado crear algún procedimiento que establezca bajo qué condiciones los particulares podrían acceder a la visualización y el uso de las imágenes.