Luego de meses de presiones y bajo una lluvia de críticas de organismos defensores de los derechos civiles y del mismo presidente Barack Obama, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, promulgó ayer una ley que criminaliza a los inmigrantes ilegales en el Estado y permite detener a cualquier persona por su color de piel, su rasgos físicos o acento, si hay "sospecha razonable" de que se trata de un indocumentado. Afuera del Capitolio de Phoenix, una multitud de miles de personas protestaba s contra la nueva y polémica medida, que entrará en vigor en 90 días, aunque algunos guardan la esperanza de que sea anulada por inconstitucional. Países como México y El Salvador también hicieron públicas sus críticas a la ley.

Organizaciones de derechos civiles aseguran que la ley es racista, pero sus defensores, incluyendo el autor del texto, el senador republicano Russel Pearce, afirman que permitirá detener a los ilegales mucho más eficientemente. Arizona, el Estado fronterizo con México más activo, es habitado por 6.600.000 personas, de las cuales el 30% es de origen latino. Se estima que allí hay hoy unos 460 mil inmigrantes irregulares. El presidente Obama había hablado antes de la promulgación de la ley, cuestionando al proyecto por "irresponsable" y "mal encaminado" y señalando que su implementación podía "socavar los conceptos fundamentales de equidad tan caros para los estadounidenses, así como la confianza entre la policía y las comunidades, que es crucial para brindarnos seguridad"

Obama -quien instruyó al Departamento de Justicia para que vea si la norma es ilgal- aprovechó ayer la ocasión para insistir sobre la necesidad de que el Congreso apruebe una reforma migratoria a nivel federal, un reclamo largamente enunciado por los representantes de los casi 12 millones de ilegales que viven en el país. La gobernadora Brewer dijo que su estado debió actuar ante la inoperancia de Washington. "En Arizona hemos sido más que pacientes, a la espera de que Washington actúe'', dijo luego de promulgar la ley. "Pero varias décadas de inactividad y de políticas erróneas han generado una situación peligrosa e inaceptable'', señaló Brewe, quien dijo que no permitirá que la policía se extralimite, aunque no supo dar explicaciones de cómo lograría eso.

Todas las estadísticas indican que el racismo se ha multiplicado desde que Obama se transformó en el primer presidente afroamericano de EE.UU. y, tal como adelantó Clarín en su edición del domingo, esta ley sería una prueba más de esa tendencia. Es más, en Arizona hay una iniciativa para exigir al presidente Obama que demuestre que nació en EE.UU. y no en Kenia, como muchos piensan.

De acuerdo a la nueva ley, todo latino o latina, o cualquiera que se parezca a un latino o latina que esté caminando por las calles de Arizona podrá ser detenido. Y si no tiene en su bolsillo los documentos que prueban que ingresó a los EE.UU. legalmente será arrestado hasta que pueda demostrarlo. De lo contrario permanecerá en prisión hasta 6 meses, deberá pagar una multa de 2.500 dólares y podría ser objeto de deportación.

"Si esta ley es aplicada a una madre con su hijo en brazos, que tiene la piel marrón o un acento diferente al inglés norteamericano, puede ser arrestada hasta que pueda demostrar que tiene sus documentos en orden. Esto significa que todo el mundo tendrá que llevar su documentos en el bolsillo" dijo Alessandra Soler Meetze, presidenta de la "Unión por las libertades civiles americanas", una organización nacional cuyas siglas en inglés son ACLU. "De acuerdo a esta ley el no tener documentos es un crimen, es decir, convierte a los plomeros, a los que limpian casa o lavan platos, a nuestros vecinos en criminales", dijo, por su lado, Chris Newman, director legal de la "Red de organizaciones de jornaleros". En contra de la ley se encuentran no solamente los hispanos del estado y de todo el país sino que también los empresarios de Arizona, quienes temen que las nuevas normas afecten la ya de por sí golpeada economía local. Los empresarios están afrontando la recesión en parte gracias a la utilización de mano de obra barata, en general garantizada por los inmigrantes indocumentados, jornaleros a quienes reclutan habitualmente en las calles.